La policía de Miami arrestó a tres personas involucradas en un fraude millonario contra un concesionario de automóviles ubicado en 665 SW Eighth St. de La Pequeña Habana, informó Local 10.
Según el reporte de las autoridades, una exempleada de contabilidad de la empresa, identificada como Yuddy Mejías, de 51 años, manipuló el sistema de contabilidad del negocio llamado Brickell Motors, a fin de emitir cheques fraudulentos, cuyo total fue de un millón 47 mil 188 dólares.
La estafa fue descubierta en agosto de 2024, cuando una compañera de trabajo de Mejías alertó de manera anónima a los supervisores de la empresa sobre las irregularidades en los registros contables.
Según los investigadores del Departamento de Policía de Miami, la acusada estuvo empleada en el concesionario desde 2013 y durante una década de trabajo manipuló el sistema contable para generar 486 cheques de reembolso fraudulentos a su esposo, Miguel González, de 54 años, y su hijo, Ángel González, de 28 años.
Las autoridades informaron que la exempleada emitió cheques entre 2014 y 2024. Además, también manipuló los registros contables para encubrir su actividad delictiva, lo que complicó la detección del fraude en un principio.
La policía arrestó a Mejías, su esposo e hijo el lunes pasado. Los tres enfrentan graves cargos de hurto mayor en primer grado, plan organizado para defraudar y conspiración para cometer un fraude.
Además, la mujer enfrenta un cargo adicional por realizar anotaciones falsas en los libros de registro de una corporación, lo que la convierte en la principal responsable del delito.
Según los registros judiciales, la fianza de Mejías fue fijada en 125.000 USD, mientras que su esposo e hijo tienen fianzas de 120.000 USD cada uno. Los tres se encuentran detenidos en el Centro Correccional Turner Guilford Knight mientras esperan su comparecencia ante el tribunal.
En Florida, el hurto mayor en primer grado es un delito grave que puede ser castigado con hasta 30 años de prisión o libertad condicional, además de una multa de hasta 10.000 USD, cuando el valor de la propiedad sustraída supera los 100.000 USD.
