La Fiscalía General de Cuba informó que más de 460 investigaciones penales fueron iniciadas entre 2025 y el primer semestre de 2026 por delitos relacionados con daños, robos y afectaciones al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Las autoridades indicaron que los acusados han recibido condenas por sabotaje, con penas que en varios casos alcanzan entre nueve y 20 años de prisión.
La medida ocurre mientras la Isla atraviesa una de sus peores crisis energéticas de las últimas décadas, marcada por apagones prolongados, fallas en las termoeléctricas y un deterioro de la infraestructura de generación y distribución eléctrica.
Robos de cables y aceite de transformadores entre los principales casos
Según la Fiscalía, los hechos investigados incluyen principalmente la sustracción de cables, piezas de redes eléctricas y aceite dieléctrico utilizado en transformadores.
El robo de este último elemento concentró más de 300 denuncias, con mayor incidencia en provincias como Matanzas, Ciego de Ávila, Mayabeque, Santiago de Cuba y Artemisa.
Las autoridades sostienen que estas acciones afectan directamente la estabilidad del sistema eléctrico y provocan interrupciones del servicio para la población. Sin embargo, los casos ocurren en un contexto donde el deterioro de las redes, la falta de mantenimiento y la escasez de combustible también han sido señalados como causas principales de los apagones.
Tribunal Supremo abrió la puerta a procesar estos delitos como sabotaje
Desde mayo de 2025, el Tribunal Supremo Popular estableció que determinados robos o daños contra componentes del sistema electroenergético pueden ser juzgados bajo la figura penal de sabotaje.
Durante 2026, la Fiscalía aseguró que todas las personas procesadas por estos hechos fueron condenadas bajo esa figura legal. Además, señaló que el 87% de los imputados permanecen en prisión provisional mientras avanzan los procesos judiciales.
Críticas por el endurecimiento de las sanciones
El endurecimiento de las penas genera cuestionamientos entre sectores críticos del Gobierno cubano, que consideran que las autoridades están aplicando castigos severos en medio de una crisis donde miles de ciudadanos enfrentan cortes eléctricos diarios.
Organizaciones opositoras y activistas han señalado que la respuesta estatal se concentra en perseguir delitos individuales, mientras persisten problemas estructurales en el sistema energético nacional.
La Fiscalía, por su parte, afirmó que mantendrá el “rigor” contra quienes afecten instalaciones eléctricas consideradas estratégicas para el país.
La situación refleja la tensión entre la necesidad de proteger una infraestructura esencial y el creciente malestar social provocado por los apagones, que continúan siendo una de las principales preocupaciones de los cubanos dentro y fuera de la Isla.
