La ciudad de Miami ha decidido demandar al excomisionado Joe Carollo para recuperar los millones de dólares gastados en su defensa legal durante un caso que el político cubano perdió en 2023.
Corollo apeló la decisión inicial y su caso llegó hasta la Corte Suprema, máxima instancia legal en el país, que finalmente falló en su contra.
De acuerdo con el Miami Herald, el pasado jueves, la Comisión de la Ciudad aprobó por unanimidad una propuesta del comisionado Miguel Ángel Gabela para iniciar una acción civil con el fin de recuperar los honorarios legales y los gastos cubiertos con fondos públicos durante la defensa de Carollo.
El litigio fue iniciado por los empresarios de la Pequeña Habana, Bill Fuller y Martin Pinilla, quienes en 2023 obtuvieron un fallo favorable donde se sentenciaba que el entonces comisionado les debía pagar $63,5 millones de dólares.
Los demandantes alegaron que Carollo orquestó una campaña de represalias hacia sus negocios motivada por razones políticas, luego de que estos empresarios apoyaran a su oponente en las elecciones de 2017.
Aunque no se tiene claridad sobre cuánto ha gastado la ciudad hasta la fecha en la defensa de Carollo en diferentes demandas relacionadas, algunos datos aproximados indican que los gastos podrían superar los $10 millones de dólares. De esa cantidad, cerca de $6 millones fueron financiados por la ciudad, mientras que el seguro cubrió cerca de $4 millones.
Sin embargo, el abogado de la ciudad George Wysong indicó que si el litigio tuviera éxito, la ciudad aún quedaría en un segundo plano para recibir parte de los fondos. Los primeros que tienen que recibir dinero cuando se rematen las propiedades de Carollo son los empresarios que le ganaron la demanda al político cubano en todas las instancias judiciales.
Carollo, por su parte, ha sostenido que no posee los recursos suficientes para reembolsar a los demandantes, sugiriendo que incluso un premio de lotería multimillonario no le permitiría cumplir con los pagos debido a las prioridades del fallo.
El comisionado Gabela, que ha estado alertando sobre el alto costo de la defensa legal de Carollo, expresó que la ciudad debe recuperar lo que considera una “explotación” de los recursos públicos.
En particular, Gabela se mostró indignado por la reciente maniobra legal de Carollo en un litigio relacionado con su pensión, que comenzó en 2006, y que Carollo intenta resolver por $1,5 millones.
Por su parte, Fuller y Pinilla celebraron la reciente decisión de la Corte Suprema. Jeff Gutchess, abogado de los empresarios, destacó que el fallo reafirma que las protecciones constitucionales están al alcance de todos y que la represalia gubernamental tiene consecuencias.
Según Gutchess, sus clientes, dos pequeños empresarios, enfrentaron años de retaliación y daños financieros debido a su derecho a la libre expresión. Los empresarios alegan que Carollo intentó dañar la reputación y viabilidad económica de sus negocios, afectando su capacidad para operar normalmente en la comunidad.
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