El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, confirmó que su oficina mantiene abierta una investigación sobre el combustible que llega a la corporación estatal cubana CIMEX, sancionada por Estados Unidos. El funcionario advirtió que las empresas que participen en operaciones contrarias a las leyes federales podrían perder sus permisos para operar comercialmente en el condado.
La advertencia aparece en un comunicado oficial publicado el 25 de octubre de 2026, después de que una investigación periodística documentara operaciones de suministro de combustible estadounidense a CIMEX mediante empresas privadas cubanas.
Fernández explicó que su administración trabaja en coordinación con el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio y otras agencias estadounidenses. Sin embargo, no identificó nuevas compañías investigadas ni anunció revocaciones de permisos relacionadas específicamente con los hallazgos más recientes.
Miami-Dade investiga cómo llega combustible a CIMEX
La declaración del recaudador tiene como antecedente una investigación publicada el 23 de octubre sobre las operaciones de CIMEX con mipymes cubanas, basada en documentos obtenidos conjuntamente por ADN Cuba y Martí Noticias.
Los investigadores examinaron facturas, circulares comerciales y movimientos de contenedores para reconstruir cómo combustible importado desde Estados Unidos, destinado al sector privado, terminaba siendo comercializado por una corporación del conglomerado militar GAESA.
Uno de los documentos corresponde a una operación del 21 de septiembre de 2026, que involucró más de 23.000 litros de gasolina y una factura cercana a los 53.000 dólares. Los registros relacionaron el suministro con KRV Partes y Piezas, una mipyme cubana, y permitieron rastrear el retorno de un isotanque desde Mariel hasta Miami.
La investigación también examinó circulares internas con referencias a 21 proveedores de combustible, incluidos al menos 16 negocios privados. Esos documentos muestran relaciones comerciales y precios, aunque su inclusión no demuestra que todas las operaciones previstas llegaran a ejecutarse.
La novedad del comunicado de Fernández es que una autoridad de Miami-Dade reconoce públicamente que continúa examinando la llegada de combustible a CIMEX y plantea posibles consecuencias administrativas para negocios establecidos en su jurisdicción.
CIMEX figura en las sanciones estadounidenses desde febrero de 2004, según el registro oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que identifica a Corporación CIMEX S.A. entre las entidades designadas.
¿Qué empresas podrían perder sus permisos comerciales en Miami?
Fernández advirtió que cualquier negocio que opere en Miami-Dade y sea identificado realizando transacciones con Cuba en violación de la legislación federal se expone a la revocación de su Recibo de Impuesto Comercial Local.
La facultad está contemplada en la sección 205.0532 de los Estatutos de Florida, que permite al recaudador o a las autoridades locales retirar o negarse a renovar esas autorizaciones cuando exista comercio con Cuba contrario a las leyes federales.
La disposición también permite exigir declaraciones juradas sobre el cumplimiento de las restricciones. No establece, sin embargo, que cualquier intercambio comercial con Cuba sea automáticamente ilegal.
El Departamento de Comercio estadounidense mantiene determinadas excepciones para exportaciones destinadas a negocios privados y consumidores cubanos. Su guía oficial sobre controles de exportación a Cuba explica las condiciones de la excepción Support for the Cuban People (SCP), aplicable a ciertas operaciones con derivados del petróleo.
Por tanto, la investigación debe distinguir entre operaciones legalmente autorizadas y aquellas que puedan incumplir restricciones sobre destinatarios, usos finales o entidades sancionadas.
El comunicado no demuestra que las mipymes mencionadas en las investigaciones periodísticas hayan cometido delitos. Tampoco anuncia una acusación penal, identifica nuevas empresas responsables ni establece que todas las importaciones privadas de combustible sean irregulares.
Antecedentes de empresas sancionadas por comerciar con Cuba
La oficina de Fernández ya ha utilizado sus facultades para actuar contra compañías relacionadas con negocios en la Isla. En septiembre, Miami-Dade revocó el permiso comercial de Lux Sky Cargo, después de recibir información federal sobre operaciones con ENETEC S.A., otra entidad cubana sancionada.
Anteriormente, en junio, Fernández también había retirado la autorización comercial de Vanguard Energy, que había anunciado un proyecto para transportar gasolina y diésel a Cuba utilizando instalaciones vinculadas a CUPET.
Esos antecedentes muestran que la amenaza de revocar permisos comerciales tiene precedentes administrativos. No obstante, los casos anteriores no permiten anticipar que la investigación actual terminará necesariamente en nuevas sanciones.
La controversia también contrasta con las explicaciones ofrecidas por el ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, quien aseguró que el combustible estadounidense se destina al sector privado y no directamente a empresas estatales.
Los documentos divulgados posteriormente plantean dudas sobre esa separación entre compradores privados y beneficiarios estatales. La cuestión pendiente es determinar quién autoriza las operaciones, qué compañías estadounidenses participan y si los suministros terminan en destinos incompatibles con las condiciones de exportación.
Por ahora, Fernández confirmó la continuidad de las pesquisas y su disposición a actuar cuando existan pruebas verificadas de infracciones. Su comunicado no establece un calendario para concluir las investigaciones ni anuncia nuevas sanciones contra empresas concretas.
