El Ministerio de Comercio Interior (Mincin) publicó un balance sobre la gastronomía en el municipio especial Isla de la Juventud donde reconoció que el sector privado está dando “muestras de competitividad”, una admisión que revela la presión creciente sobre la red estatal de servicios básicos.
Por lo tanto, se defendió las medidas de autogestión para cafeterías, restaurantes y centros de elaboración estatales para que puedan seguir operando con ofertas. Ello en lugar de entregar todo al sector privado y quitarle esa carga al Estado para no despilfarrar los recursos públicos.
Según la publicación institucional, los trabajadores de Comercio y Gastronomía han tratado de diversificar los platos con los productos disponibles para evitar “importaciones innecesarias” y ofrecer variedad.
Para ello, las unidades estatales se amparan en la Resolución 99 de 2019, que flexibiliza la compra por autogestión de alimentos frescos o elaborados a empresas, productores y actores no estatales.
La norma permite comprar determinados productos agropecuarios, frescos o elaborados, pero mantiene restricciones sobre renglones sensibles como carne vacuna, equina y bufalina, además de leche fresca y sus derivados, además de prohibir el café, miel de abejas, tabaco, cacao y otros productos.
La publicación sostiene que esa vía ha permitido revitalizar las cartas menú con más de 20 platos elaborados con productos “fáciles de adquirir” en mercados, puntos de venta, mipymes y otros actores económicos no estatales.
Es decir, el Estado en ocasiones le compra a las Mipymes importadoras para tener ofertas medianamente competitivas, pero por lo general el público se inclina hacia las ofertas del sector no estatal.
Sin embargo, el propio Mincin reconoce que el sector privado le gana en calidad y precios. Esa es una realidad que durante años fue negada o minimizada: los negocios privados han logrado mayor capacidad de respuesta, variedad y atractivo frente a una red estatal que arrastra deterioro, cierres y escasez.
Lejos de sugerir una retirada del aparato estatal de servicios tan básicos como cafeterías, merenderos o restaurantes, la publicación apunta a una estrategia de supervivencia.
En el XV Pleno del Comité Municipal del Partido, celebrado hace unos días, se insistió en que el sector debe elevar ingresos, reducir el déficit fiscal y traducir esa gestión en mejores bienes y servicios para la población.
En ese encuentro se llamó a rescatar prácticas del pasado, cuando la gastronomía popular era presentada como una de las mejores del país. También se mencionó la necesidad de recuperar esa imagen en el Paseo Martí de Nueva Gerona, rescatar instalaciones de alojamiento y capacidades de cara al verano, y convertir la recreación en una parte importante de los servicios estatales.
La receta planteada por las autoridades pasa, además, por aumentar las alianzas con formas de gestión no estatal y con el sector agropecuario para reaprovisionar servicios y diversificar ofertas.
Esa formulación confirma otra grieta del discurso oficial: el Estado necesita del sector privado para sostener actividades que insiste en administrar, incluso cuando reconoce que ese mismo sector le disputa clientes y eficiencia.
Incluso los problemas que presentan los consumidores con el sector privado también son los mismos en los establecimientos estatales. Por ejemplo, según el propio Mincin solo el 56% de los ingresos del comercio minorista llegaron por pasarelas de pago. Lo mismo pasa con los comerciantes privados que para evitar el fisco rechazan los pagos con tarjeta y le dan preferencia al efectivo.
