El vicecanciller castrista Carlos Fernández de Cossío defendió las nacionalizaciones realizadas por Fidel Castro en la década de 1960 y responsabilizó al gobierno de Estados Unidos por no aceptar la compensación que se ofreció en aquellos momentos.
La publicación generó una fuerte controversia en redes sociales, donde la mayoría rechazó las explicaciones del viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).
Según Fernández de Cossío, las nacionalizaciones de propiedades extranjeras fueron “absolutamente legítimas” y estuvieron respaldadas por la Constitución cubana de 1940, leyes nacionales y prácticas del Derecho Internacional.
El funcionario afirmó que aquellas medidas incluyeron fórmulas de compensación mediante acuerdos de gobierno a gobierno. También sostuvo que Canadá, España, Francia, Gran Bretaña y Suiza llegaron a entendimientos con La Habana y recibieron pagos por los bienes afectados.
Sin embargo, el representante del régimen comunista aseguró que Washington rechazó la propuesta de compensación y se negó a negociar una fórmula aceptable para ambas partes.
En su argumento, vinculó esa postura con los planes estadounidenses para derrocar al gobierno revolucionario y con el entrenamiento de fuerzas que participaron en la invasión de Playa Girón. También dijo que, tras esa operación, La Habana volvió a plantear una salida negociada, sin recibir respuesta de Estados Unidos.
Cossío añadió que el gobierno estadounidense habría causado a Cuba “un inmenso daño humano y material” mediante agresiones, terrorismo, sabotaje económico, guerra biológica y el embargo.
Bajo esa lógica, defendió que el pueblo cubano merece una compensación por daños acumulados durante varias generaciones. Su posición apunta a colocar sobre una misma mesa las reclamaciones de antiguos propietarios estadounidenses y los reclamos del Estado cubano contra Washington.
Sin embargo, la publicación abrió un debate mucho más amplio. Varios cubanos cuestionaron que el régimen concentre su defensa en las propiedades extranjeras y evite responder por los bienes arrebatados a ciudadanos cubanos.
Entre los comentarios, se repitieron preguntas sobre casas, fincas, bodegas, farmacias, barberías, restaurantes y pequeños negocios intervenidos sin una indemnización real. Para muchos afectados y sus descendientes, el problema no se limita a una disputa entre gobiernos, sino a un proceso de despojo interno.
Uno de los señalamientos más frecuentes fue que el gobierno cubano presenta como nacionalizaciones lo que numerosos ciudadanos consideran confiscaciones. Algunos usuarios recordaron que muchas familias perdieron propiedades construidas con trabajo propio, sin que mediara una compensación efectiva.
Otros criticaron que, décadas después, el propio régimen vuelva a buscar inversión extranjera y privada como vía para sostener una economía que quedó destruida tras años de centralización, improductividad y control estatal.
También surgieron cuestionamientos jurídicos. Varios comentaristas pusieron en duda que las medidas pudieran ampararse en la Constitución de 1940, al señalar que esa Carta Magna no fue restaurada plenamente después de 1959 y que el país funcionó bajo la Ley Fundamental.
Otros recordaron que la Constitución de 1940 exigía garantías para la expropiación, entre ellas el pago previo o una compensación adecuada, punto que sigue siendo motivo de disputa histórica y legal.
Asimismo, otros cubanos respondieron que el deterioro del país no puede explicarse solo por factores externos. Una de las posturas más repetidas apuntó al llamado “bloqueo interno”: falta de libertades económicas, ausencia de participación ciudadana, restricciones políticas, burocracia y un sistema que impide a los ciudadanos emprender, expresarse y decidir su futuro.
Varios también reclamaron abandonar la retórica de confrontación y presentar un plan concreto de compensaciones. Algunos pidieron que La Habana explique cómo resolvería las reclamaciones si pretende avanzar en negociaciones con Estados Unidos.
Otros subrayaron la contradicción entre exigir indemnizaciones por daños del embargo y no reconocer las deudas pendientes con cubanos a quienes se les quitaron propiedades, negocios o medios de vida durante las primeras décadas del castrismo.
