El gobierno cubano aprobó un nuevo sistema de pagos para los inspectores y cobradores de multas que busca incentivar económicamente a aquellos que más dinero generen hacia el famélico presupuesto del Estado por la vía de imposición de multas y contravenciones.
De acuerdo con un anuncio hecho por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, “se aprobó el sistema de pago por la eficacia del trabajo de los inspectores, de las direcciones de inspecciones y de los trabajadores de las oficinas de control y cobros de multas”.
Al cierre del 2024, se realizaron más de 606.000 inspecciones, detectándose 371.489 violaciones de precios topados que resultaron en 371.333 multas. Estas sanciones generaron ingresos superiores a 980 millones de pesos para el presupuesto del Estado. Sin embargo, a Marrero Cruz eso le parece insuficiente y quiere incentivar a los trabajadores estatales de los órganos de inspección. Ahora ganarán más entre más multas pongan.
La medida busca reforzar el control sobre el sector privado y la economía informal, en medio de un contexto de inflación y precariedad económica. Esta lógica, criticada por expertos y ciudadanos, parece más orientada a la recaudación fiscal que al establecimiento de un mercado justo y competitivo.
Pequeños empresarios y trabajadores por cuenta propia enfrentan una presión adicional, con inspecciones que a menudo priorizan la penalización por encima del desarrollo económico.
Las violaciones de precios topados se dan principalmente en seis productos esenciales, cuya tarifas fueron centralizados burocráticamente. Entre ellos están el pollo, la salchicha y la leche en polvo que se importa por privados para comercializar en el mercado interno.
Sobre ellos prometió mantener “el monitoreo semanal y se evalúa la conveniencia de actualizarlos y proponer otros”. Marrero Cruz destacó que “es un reclamo de la población regular los precios de los productos agrícolas, cuestión que es facultad de los Gobiernos locales, por lo que se requiere incrementar el control y exigencia sobre su cumplimiento”.
Ofensiva contra el sector privado
Además de las multas, las autoridades reportaron más de 17.000 ventas forzosas, 3.522 cierres de establecimientos y 1.024 decomisos. Estas acciones, según Marrero, reflejan la necesidad de mayor sistematicidad en los municipios, aunque los críticos las interpretan como un enfoque represivo que perpetúa la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
En la propia intervención del también coronel de las Fuerzas Armadas, amenazó con cerrar el 65% de los emprendimientos privado en Cuba que según él están evadiendo el fisco. Según las cifras oficiales, aunque el sector privado tiene la obligación de mantener cuentas bancarias fiscales, más del 20% aún no lo ha hecho. De las 515,949 cuentas fiscales registradas, 286,040 presentan saldo cero, lo que el gobierno considera como una forma de evasión tributaria.
¿El Estado no se da cuenta que estos Inspectores Estatales, son un fraude y unos parásitos de la sociedad?