Ocupantes “ilegales” demoran demolición de edificio en Centro Habana

Una vecina de Centro Habana ha denunciado a la prensa nacional que su vida corre peligro por el inminente derrumbe de un edificio colindante a su vivienda. Sin embargo, las autoridades de la capital le respondieron que no pueden tomar acción hasta que se retiren del inmueble un grupo de personas que lo habitan en condición ilegal.

Así lo recogió la sección Acuse de Recibo del periódico Juventud Rebelde, a donde Ana Elizabeth Torres Cueto se vio obligada a escribir para apresurar el accionar de Vivienda en torno a su caso.

Ana, que vive en el número 263 de la calle Trocadero, entre Águila y Amistad, explicó en la misiva que el edificio colindante de tres pisos, el 265, está declarado inhabitable e irreparable con derrumbes grado A y B, según dictámenes técnicos de 1998.

Desde esa fecha, asegura que han ocurrido desprendimientos del edificio sobre su casa, ante los cuales nunca recibieron ayuda ni para recoger los escombros, a pesar de haber ido a todas las instancias.

El 1ro de agosto de 2017 hubo otro desprendimiento y la empresa de la construcción Secons le garantizó que apuntalarían el edificio, pero entonces no había madera. Pero lo peor fue la noche del 20 de mayo de 2018, cuando cayeron pedazos sobre el cuarto de Ana, quien, por suerte, no estaba en ese momento.

Y desde entonces han reclamado a diversas instancias, incluido el Gobierno municipal. A lo sumo, el 8 de junio Demoliciones envió dos representantes allí, pero sin los instrumentos necesarios.

En los últimos 20 años el derruido edificio ha sido sucesivamente ocupado por personas en condición ilegal, situación que ahora mismo está obstaculizando la necesaria demolición del mismo.

Nelson Tamayo Carrillo, director municipal de la Vivienda en Centro Habana, respondió a Juventud Rebelde asegurando que los técnicos del Grupo de Diagnóstico y Emergencias, perteneciente al Grupo de Conservación y Rehabilitación de la Dirección Municipal de la Vivienda, visitaron el sitio y comprobaron que el inmueble necesita ser derribado.

Para poderla ejecutar se deben extraer y reubicar a las personas que habitan el mismo, lo cual ha impedido llevar a cabo la acción planificada.

“Es dable señalar que, aun cuando la demolición está planificada para el primer trimestre del presente año, la misma dependerá del proceso de declaración de ilegal que se iniciará de inmediato contra las personas que no tienen un estatus legal en el inmueble de referencia, toda vez que el resto de los convivientes que deben salir han planteado la voluntad de autoalbergarse sin necesidad de reubicación”, replicó el funcionario.

En la respuesta, no obstante, el directivo no explicó las razones de por qué el problema no ha sido atendido en más de 20 años a pesar de las gestiones realizadas.

“Los peligros a la vida humana no admiten esperas y justificaciones, ni pueden subordinarse a quienes irrumpen ilegalmente en un edificio inhabitable, posibles víctimas también de una tragedia que debe evitarse”, sentenció el periódico.

Cuba registró al final de 2016 un déficit de viviendas superior a 880.000 en todo el país, donde existen 3.8 millones de hogares, un fondo habitacional por lo general deteriorado y con problemas «críticos» en grandes urbes como La Habana y Santiago de Cuba.

El Gobierno anunció a fines del año pasado que prevé superar esta crisis en los próximos 10 años y así paliar uno de los problemas sociales más acuciantes de la Isla.

Actualmente, en la nación caribeña faltan 929.695 casas, de las que hay que construir unas 527.000 y rehabilitar otras 402.000, señaló en la televisión estatal la directora general de la Vivienda, Vivian Rodríguez.