Paga caro el sueño de hacerse rico en Cuba

Este 17 de enero, el mayor productor de carne de cerdo en la provincia de Las Tunas y también agricultor, Yoni Castelló Sales, de 44 años, cumplió nueve meses de encarcelamiento por un presunto delito de cohecho sin que la Fiscalía pronuncie, todavía esta semana, sus conclusiones acusatorias.

La mañana del 17 de abril del 2018, Yoni fue arrestado en su casa a través de un aparatoso operativo policial que incluyó investigadores de La Habana e incluso drones de observación.

“Yo voy a demostrar a Puerto Padre y a Las Tunas que Yoni es un corrupto” sentenció uno de los investigadores, para quienes ha sido difícil probar esta afirmación.

Ni los 60 días previstos por la ley, ni los seis meses que la misma concede de prórroga, les han servido para conseguir pruebas fehacientes de que Yoni ha delinquido en tráfico de influencias y cohecho, acusaciones iniciales.

La imputación por cohecho se suscita, de acuerdo con uno de los vecinos, “en una pierna de cerdo de 22 libras que le mandó al jefe de la fábrica de pienso”. Es la única acusación que sigue en proceso debido a que no pudieron probar tráfico de influencia.

No obstante, la prueba parece insuficiente si se toma en cuenta el hecho de que poco tiempo antes de ser encarcelado, Yoni vendió a la empresa porcina estatal un lote compuesto por mil 800 cerdos, de más de 100 kilogramos cada uno.

Si esos 1800 proporcionan 3 mil 600 piernas y otras tantas paletas, se trataría de 7 mil 200 piezas para asar las obtenidas por el productor, de las que sólo una se ha podido “probar” como una entrega por concepto de soborno a un directivo de una fábrica de pienso.

Eso hablando de sólo un lote, el último que vendiera Yoni antes de su encarcelamiento. En los últimos años, Yoni ha vendido decenas de lotes como ese, se trata de millares de cerdos, cuyo importe monetario está dividido entre la inversión en su cochiquera y el Banco Estatal.

Policía y fiscalía sostienen que en este caso hubo perdidas económicas en empresas estatales, a lo que uno de sus abogados responde “por lo que sostienen, estarían hablando de incumplimiento de contratos, no de un delito de cohecho”.

Este delito incluye dos perfiles: pasivo, que es el funcionario público sobornado y activo, que es el particular que soborna, lo que indica que haría falta un acusado más en la ecuación. De acuerdo al ritual jurídico, para que exista el delito, el sobornado no necesita realizar el acto solicitado, basta con que lo ofrezca o prometa.

En este caso, los acusadores han tenido múltiples problemas para probar la culpabilidad de Yoni, sólo a través de confidentes, manteniendo por tiempo extra al acusado en prisión para continuar investigando.

Todo apunta, dado su crecimiento económico, siendo el mayor productor de carne de cerdo de una de las provincias del país y considerando que el estado se encarga de manejar los bienes incautados a acusados, que su caso no se resolverá y que basta esperar con cuánto tiempo lo sancionarán oficialmente, con o sin pruebas.

Con Información de Cubanet