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Excesivas peticiones fiscales a los jóvenes manifestantes de Caimanera
Las protestas ocurridas en mayo de 2023 fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas del régimen
Los ciudadanos, que se manifestaron demandando libertad y una vida digna, enfrentan ahora severas acusaciones y condenas propuestas por el Estado. (Captura de pantalla © Martí Noticias – YouTube)
Las familias de seis presos políticos han recibido las peticiones fiscales relacionadas con las manifestaciones pacíficas que sacudieron al municipio Caimanera, en la provincia de Guantánamo, según informó a Periódico Cubano el activista por los derechos humanos Marcel, alias @Marcel_305 en Twitter.
Los individuos que se manifestaron, demandando libertad y una vida digna, enfrentan ahora severas acusaciones y se encuentran a la espera de la fecha de sus juicios y las condenas por el régimen de La Habana, en un claro intento de silenciar su valiente lucha.
Entre los acusados se encuentra Daniel Álvarez González, a quien se le imputaron los delitos de desórdenes públicos e instigación a delinquir, con una sanción única conjunta de 9 años de privación de libertad. Luis Miguel Alarcón Martínez y Freddy Sarquiz González enfrentaron cargos por desórdenes públicos, con una condena de 6 años de cárcel cada uno.
Yandri Pelier Matos también fue acusado de desórdenes públicos, con una sanción propuesta de 4 años; mientras que Felipe Octavio Correa Martínez enfrenta una sanción conjunta de 6 años por atentado y desórdenes públicos. Rodolfo Álvarez González, acusado igualmente de desórdenes públicos, enfrenta una condena de 6 años.
🚨URGENTE🚨 La tiranía castrista le entrega la petición fiscal a las familias de los 6 presos políticos por las manifestaciones pacíficas de mayo del pasado año 2023 en el municipio Caimanera provincia Guantánamo. Recordemos que los manifestantes fueron brutalmente reprimidos por… pic.twitter.com/G6gkuPO3tO
— Marcel (@Marcel_305) January 27, 2024
Las manifestaciones ocurridas en mayo de 2023 fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas del régimen, lo que dejó en evidencia la intolerancia del gobierno hacia cualquier forma de disidencia, cuando para evitar la repercusión mediática cortó la electricidad y el Internet en la Isla.
La entrega de estas peticiones fiscales a las familias marca un nuevo capítulo en la larga historia de represión en Cuba, demostrando una vez más la disposición del régimen castrista para castigar a aquellos que se atreven a alzar la voz.
La comunidad internacional y los defensores de los derechos humanos han condenado estas acciones, viéndolas como un atentado flagrante contra la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica. La dureza de las sanciones propuestas refleja la naturaleza draconiana de la justicia en el país, donde los cargos de desórdenes públicos e instigación a delinquir se utilizan frecuentemente para silenciar a la oposición.
A medida que la noticia de estas condenas se difunde, crece la solidaridad internacional hacia los manifestantes cubanos y sus familias. La visibilidad de estos casos es crucial para generar presión sobre el régimen cubano y buscar una resolución justa para aquellos que han sido injustamente castigados por ejercer sus derechos fundamentales.
