El senador Leo Housakos solicitó al presidente de Canadá, Justin Trudeau, que interceda para garantizar la seguridad de Michael Carey Abadin, un joven cubano nacionalizado canadiense que se encuentra detenido en la Isla por su supuesta participación en las manifestaciones masivas del 11J.
“El gobierno de Trudeau debe actuar de inmediato para garantizar la seguridad de este joven. Canadá ya no puede seguir anteponiendo la seguridad de los ciudadanos canadienses para mantener vínculos con regímenes que no tienen en cuenta los derechos humanos”, dijo en Twitter el integrante del Partido Conservador de Canadá.
Abadin, de 19 años, fue arrestado el 12 de julio en La Habana por presuntamente aventar una piedra hacia una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). Yves Abadin, madre del joven, sostuvo que él no estuvo en las protestas y fue detenido de manera arbitraria por la policía.
“El 12 de julio estaba sentado en la esquina, dos individuos tiraron piedras y salieron corriendo, mientras que él fue detenido”, afirmó la progenitora.
Familiares declararon a CBC News que el joven es obligado a realizar trabajos forzados y además se ha contagiado de COVID-19 en prisión, incluso se enfermó de hepatitis y herpes no genital.
Por estos problemas de salud, el cubano estuvo unos días en la enfermería de la cárcel Jóvenes de Occidente, situada a las afueras de La Habana.
La madre denunció al medio canadiense que en una ocasión su hijo fue sacado de la enfermería y de inmediato lo pusieron a cortar maleza con un machete.
Cubalex, al informar en redes sociales la detención arbitraria de dicho joven, refirió que Yves todos los miércoles le lleva alimentos y artículos de aseo, pero no le permiten reunirse con él.
Michael Carey Abadin es parte de los jóvenes que aún permanecen detenidos por motivo del estallido social y corren el riesgo de recibir condenas de 3 a 27 años en juicios controlados por la Seguridad del Estado.
Prisoners Defenders, en su más reciente informe, denunció que la mayoría de los jóvenes detenidos son residentes en barrios y áreas rurales donde es notable la pobreza y la desigualdad.
“Estamos ante un crimen contra la población civil, en particular contra la juventud que, si antes no creía en el sistema impuesto, ahora le tiene pánico al sistema como se le tiene a un criminal sin escrúpulos”, expone el reporte.
