
Durante la última reunión para la prevención y enfrentamiento a delitos e ilegalidades, celebrada en Cuba, se discutió un tema crítico para la economía nacional: el robo de combustibles. A pesar de que el gobierno ha anunciado avances en la disminución de la criminalidad en general, las cifras aún son preocupantes, particularmente en lo que respecta a los robos de combustible.
Este delito afectan gravemente la capacidad del país para generar energía eléctrica, por lo que el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, pidió que ese crimen sea considerado como un sabotaje a la economía para que se incrementen las penas.
Marrero Cruz destacó que el país enfrenta un déficit de generación eléctrica debido, en gran parte, a la escasez de combustible. Sin embargo, el robo en las propias instituciones del Estado, único que puede producir e importar combustibles, pone en riesgo aún más esta capacidad, ya que las pocas reservas disponibles se destinan principalmente a la producción de electricidad.
“La escasa cantidad de combustible que podemos pagar y comprar se destina mayoritariamente a la generación eléctrica; por ello, el mínimo asignado a la economía debe ser controlado”, dijo Marrero Cruz.
“La escasa cantidad de combustible que podemos pagar y comprar se destina mayoritariamente a la generación eléctrica; por ello, el mínimo asignado a la economía debe ser controlado, y, para ello, hay que modificar las formas de actuación ante las indisciplinas. De hecho, dada su afectación y el contexto de crisis, algunas de estas acciones podrían considerarse sabotaje”, reflejó el diario oficialista Granma.
La directora general de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía, Leisy Hernández González, también enfatizó que el aumento de casos de robos de combustibles en servicentros y la detección de desviaciones en cilindros de gas licuado son indicativos de la magnitud del problema. “Se están detectando presuntos delitos, y los casos aumentan en los servicentros”, declaró Hernández González.
Las autoridades han señalado la necesidad de un control más estricto sobre la venta de combustibles y el uso de tarjetas y dispositivos como los GPS para evitar más robos.
En este sentido, el primer ministro propuso que, debido al contexto de crisis que enfrenta el país, las acciones de robo de combustibles sean consideradas actos de sabotaje, dado que su impacto perjudica gravemente al bienestar nacional. Marrero Cruz subrayó la necesidad de identificar y mitigar las condiciones que permiten este tipo de delitos, para lo cual se planean reforzar las medidas de seguridad y control.
En la reunión de enfrentamientos al delito, la coronel Daniset González Sánchez, de la Policía Nacional Revolucionaria, también reconoció que el índice de criminalidad ha disminuido, pero los robos con fuerza siguen en aumento. Además, detalló que, aún persisten muchas regiones del país con altos índices de hurto y sacrificio de ganado donde los avances son limitados.
Por su parte, el vicefiscal general de la República, Reinaldo Cruz Rivera, mencionó la necesidad de optimizar los procedimientos de cobro de multas y evitar la impunidad, un problema que sigue afectando la efectividad de las políticas públicas.

