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Policía cubana continúa hostigando a activistas de la UNPACU

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Policía cubana continúa hostigando a activistas de la UNPACU

El activista Maikel López Sotomayor denunció que por segunda vez en menos de un mes las autoridades allanaron su vivienda

El activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Maikel López Sotomayor, denunció el allanamiento de su vivienda por parte de autoridades cubanas, por segunda vez en menos de un mes.

El activista cubano explicó que este martes la policía política allanó su casa para después llevárselo detenido a la unidad policial de la localidad, donde permaneció por al menos seis horas, según contó a Radio Martí.

Actualmente, el activista de la UNPACU se encuentra bajo libertad condicional, cumpliendo una sanción de 5 años por un supuesto delito de “atentado”.

Él asegura que los cargos y todo el caso fueron fabricados por el régimen debido a su posición política, una práctica común del régimen cubano como lo han demostrado los casos de José Daniel Ferrer y Manuel Otero Alcántara.

López refirió que durante la detención fue amenazado en varias ocasiones con que se le revocaría la sanción, vigente hasta agosto de 2021.

Acoso del régimen de Cuba a la UNPACU

Desde la liberación del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, quien ahora cumple prisión domiciliaria, la organización ha estado “bajo la mira” de la policía política de Cuba.

Pese a la pandemia de coronavirus y el riesgo sanitario que implica, Ferrer y sus colegas se han mantenido activos, apoyando a decenas de familias en necesidad.

Ante la escasez y la crisis que ha provocado el COVID-19 en la Isla, la UNPACU ha entregado alimentos, medicinas, nasobucos y hasta dinero en efectivo a personas de escasos recursos.

Sin embargo, sus activistas continúan siendo acosados por el régimen de Cuba, que los amenaza con multas y cárcel si siguen con su labor humanitaria y sus peticiones.

Uno de los miembros del organismo, Maikel Herrera Bones, hasta este miércoles permanecía en huelga de hambre tras ser arrestado por protestar contra los apagones en barrios de La Habana.

El activista, paciente de VIH por lo que necesita medicinas, fue detenido el 16 de abril y acusado de “atentado”, delito que niega haber cometido.

Otro miembro de la agrupación, Onel Nápoles, también fue detenido la semana pasada por manifestar públicamente su inconformidad con la escasez de alimentos y otros problemas que enfrenta la población en Santiago de Cuba.

En esa misma provincia, el activista Yuselin Ferrera Espinoza fue detenido y aislado en una unidad policial con posibles casos de COVID-19, según denunciaron sus familiares.

El coordinador de la UNPACU, Ovidio Martín Castellanos, explicó al citado medio que el joven no cometió ningún delito, sino que fue arrestado por su protesta pacífica contra las violaciones que comete la policía.

En medio del brote de COVID-19, el régimen de la Isla ha aumentado las medidas de represión contra activistas, periodistas y cualquiera que denuncie el mal manejo de la situación por parte del gobierno cubano, las carencias o abusos del día a día.

Algunos han denunciado lo peligroso de realizar citaciones y detenciones arbitrarias en plena pandemia, obligando a los disidentes a exponerse al virus en su camino a las estaciones policiales y en detención con probables infectados.

Otro caso, ocurrido a mediados de abril, es el del prisionero político de UNPACU Eider Frómeta Allen, quien fue sacado de una celda de castigo y trasladado a un destacamento de la prisión provincial de Guantánamo.

Castellanos acusa que ahí los reos comunes «reciben mejoras penitenciarias a cambio de golpear a los presos políticos».

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