El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a deportar migrantes cubanos y venezolanos a países africanos como Ruanda, Sudán del Sur y Esuatini, lo que ha generado controversia en el ámbito legal e internacional.
La abogada de inmigración Elizabeth Amarán, que participó en el programa de Juan Manuel Cao, explicó que esta decisión está vinculada a la estrategia estadounidense de evadir las restricciones legales impuestas por la Convención contra la Tortura. La elección de estos destinos es vista como una forma de evitar las consecuencias legales de deportar personas a países donde puedan estar en riesgo de persecución.
La abogada señaló que los países africanos seleccionados como destino de los deportados no cuentan con una población migrante establecida de Cuba, Venezuela u otras naciones, lo que reduce la posibilidad de que los deportados puedan argumentar que enfrentan un peligro grave.
“El sistema está diseñado de manera que los deportados no puedan invocar la Convención contra la Tortura, ya que en estos países no tienen familiares ni lazos con los que puedan defender su caso”, comentó.
A pesar de la grave situación en estos países, como las violaciones a los derechos humanos y los gobiernos autoritarios, la deportación continúa. Según la Amarán, esto se debe a un acuerdo informal entre EEUU, Cuba y estos países africanos que actúan como intermediarios.
En estos acuerdos se señala que Cuba podría estar recibiendo algún tipo de compensación por aceptar a los deportados cubanos, aunque la falta de transparencia sobre el proceso genera desconfianza.
En ese sentido, advierte que “es un negocio opaco que involucra a varios actores y que carece de la transparencia que deberían tener los acuerdos internacionales de deportación”.
El proceso de deportación ha sido criticado por su falta de humanidad y por las condiciones inhumanas que enfrentan los deportados en esos países. “Las personas deportadas son detenidas en condiciones inhumanas, sin acceso a defensa legal, y sin la posibilidad de salir de estos países una vez que llegan”, explicó la abogada.
Además, subrayó que los protocolos sobre este tipo de deportaciones no están claros, lo que deja a los afectados en una situación de incertidumbre y sin recursos legales.
La abogada también criticó el sistema migratorio de EEUU, señalando que la falta de protocolos claros y la presión sobre los agentes de ICE han llevado a violaciones de derechos humanos.
En particular, destacó un caso reciente donde un cubano fue deportado hacia Cuba, pero después devuelto a EEUU debido a una apelación urgente que invocó la Convención contra la Tortura. Este incidente expuso el caos dentro del sistema de deportación y las dificultades legales a las que se enfrentan los migrantes en su lucha por permanecer en el país.
Finalmente, Amarán expresó su preocupación por las consecuencias a largo plazo de esta política. “Estamos hablando de seres humanos que enfrentan tortura y persecución sin la posibilidad de ser defendidos”, indicó.
