Un Porsche Panamera negro fue fotografiado recientemente mientras circulaba por Vía Blanca y Diez de Octubre, en La Habana, en medio del avance de un proceso en Estados Unidos para revocar licencias de exportación de autos de alta gama y otros artículos de lujo hacia Cuba.
La imagen del vehículo fue publicada en el grupo de Facebook “Autos Diplomáticos en Cuba”. El automóvil llamó la atención por sus rines negros deportivos, su carrocería de estilo fastback y la presencia poco habitual de un modelo de ese nivel en una ciudad marcada por el deterioro del transporte público y la escasez de combustible.
La referida unidad es un sedán de lujo de cuatro puertas. En Estados Unidos, su precio parte de aproximadamente 92.000 dólares y puede superar los 226.500 dólares en la variante Turbo S E-Hybrid.
El modelo fue reconocido como Mejor Auto de Lujo y Desempeño 2025 por World Car of the Year, lo que lo ubica entre los vehículos más exclusivos del mercado internacional.
Su aparición en calles habaneras contrasta con la realidad que enfrenta la mayoría de los cubanos. En la Isla persisten los apagones, la falta de alimentos, la crisis del transporte y los salarios devaluados.
El caso ocurre mientras Jeffrey I. Kessler, subsecretario de Comercio para la Industria y Seguridad de Estados Unidos, confirmó que instruyó a su personal para revocar autorizaciones de exportación a Cuba de productos de lujo, entre ellos Ferraris, Aston Martins, Maseratis, jacuzzis y motos de agua.
La decisión fue comunicada en una carta dirigida a la congresista republicana María Elvira Salazar. Kessler explicó que, desde su llegada al cargo, inició una revisión de todas las licencias de exportación activas hacia Cuba.
En su respuesta señaló que la administración de Joe Biden había otorgado permisos para determinados artículos de lujo y calificó esa situación como inaceptable. También aseguró que su oficina mantendrá la supervisión de nuevas solicitudes bajo una política de “máxima presión” contra el régimen cubano.
La solicitud original fue enviada el 10 de febrero por Salazar, junto a los congresistas Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart. Durante una conferencia de prensa en el Puerto de Miami, los legisladores denunciaron que algunas empresas continuaban operando con entidades controladas por La Habana y que esos negocios contradecían la política de Washington hacia Cuba.
Giménez sostuvo que esos artículos no tienen carácter humanitario. “Estos no son artículos humanitarios, son artículos de lujo que solo ayudan al régimen, no al pueblo cubano”, afirmó el congresista al referirse a mercancías que no responden a necesidades básicas en un país sumido en una profunda crisis económica y social.
La presión también ha tenido efectos a nivel local en el sur de Florida. El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, informó la cancelación de Recibos de Impuesto Comercial Local de empresas del condado por presuntos vínculos comerciales con Cuba en violación de regulaciones federales.
Entre las firmas mencionadas figuran Managua Travel Agency Inc., que opera como Cuba Travel & Services, y R & R Logistics Customer Freight Solutions LLC. A finales del año pasado, al menos 20 negocios de Miami-Dade ya habían sido sancionados con la revocación de sus licencias de funcionamiento por sospechas de comercio con el régimen castrista.
