La abogada de inmigración Claudia Cañizares, junto al abogado Mark Prada, ha anunciado la presentación de una demanda federal contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), con el objetivo de obligar al gobierno a reactivar y avanzar en los casos pendientes de miles de cubanos enfocados a la residencia permanente, informó Telemundo 51.
La demanda, que se prepara en un contexto de frustración por parte de los afectados, busca resolver un problema que ha afectado gravemente a aquellos que cumplen con todos los requisitos para obtener la residencia, pero que se encuentran atrapados en la espera debido a la paralización de los procesos migratorios.
Según Cañizares, esta situación ha afectado principalmente a los cubanos que llegaron al país a través de programas migratorios específicos y que posteriormente solicitaron la residencia permanente.
Entre los posibles beneficiados de esta demanda se encuentran quienes ingresaron mediante el Programa de Reunificación Familiar, Parole Humanitario y citas del sistema CBP One; asimismo, incluye a solicitantes de residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano y personas que no se encuentren detenidas por autoridades migratorias.
“Lo que estamos buscando con esta demanda es mover estos procesos, demostrar que le están causando un daño a esta comunidad y que finalmente les aprueben su residencia”, afirmó Cañizares.
La demanda no solo busca la reactivación de los casos pendientes, sino que también quiere visibilizar las consecuencias económicas y legales de esta situación para los migrantes cubanos.
Cientos de los solicitantes no solo han visto retrasadas sus aplicaciones, sino que también se les ha negado el permiso de trabajo, lo que ha generado graves repercusiones para sus familias, afectando su sustento y estabilidad económica.
La abogada explicó que la demanda será una acción grupal, lo que podría facilitar la posibilidad de llegar a un acuerdo con el gobierno para acelerar los casos.
La administración federal ha reconocido que la pausa en los trámites es indefinida, ya que el gobierno tiene el derecho de revisar y renovar esta suspensión en cualquier momento. Esta incertidumbre ha dejado a miles de personas esperando una respuesta sin saber cuándo podrán regularizar su estatus migratorio.
Además, los interesados no deben temer represalias por parte de las autoridades migratorias, ya que en este tipo de acciones legales se solicitan protecciones para evitar que los participantes sufran una situación no deseada durante los procesos.
El costo inicial para participar es de 4.000 dólares por persona, aunque se ofrecen programas especiales para familias numerosas y madres solteras. Además, existen opciones de pago flexibles, incluyendo trámites con compañías de crédito para facilitar el acceso al proceso legal.
Los abogados también han indicado que, en caso de un acuerdo con el gobierno, algunos casos podrían resolverse en un periodo de entre uno y tres meses.
