Estados Unidos ha incrementado de manera acelerada sus exportaciones de combustibles hacia Cuba durante 2026, mientras endurece simultáneamente las sanciones contra entidades estatales cubanas y eleva el riesgo para compañías extranjeras que mantengan determinadas operaciones con ellas.
Con la combinación de ambas políticas, no se pueden evitar interpretaciones sobre un posible intento de Washington de ganar mayor influencia económica sobre la Isla mediante el suministro de recursos esenciales.
Las cifras muestran un cambio considerable. Estados Unidos declaró exportaciones hacia Cuba por 3.222.000 barriles de productos petrolíferos en julio, frente a 778.000 en junio. El registro, publicado por la Administración de Información Energética (EIA), es el mayor de su serie mensual y equivale a unos 104.000 barriles diarios.
Entre enero y julio, los envíos acumularon 4.896.000 barriles. El aumento fue progresivo: 1.000 barriles en enero, 19.000 en febrero, 190.000 en marzo, 210.000 en abril y 476.000 en mayo, antes de acelerarse durante junio y julio.
EEUU pasa de proveedor marginal a suministrador relevante para Cuba
La mayor parte del volumen correspondiente a julio fue combustible destilado, con 2.654.000 barriles. También se declararon 554.000 barriles de gasolina terminada y cantidades menores de lubricantes y combustible de aviación. Las estadísticas reflejan exportaciones desde Estados Unidos, no necesariamente entregas comprobadas al consumidor final cubano.
El giro resulta significativo porque Washington mantiene restricciones contra sectores estratégicos del gobierno cubano. En junio, el Departamento del Tesoro sancionó a la estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET), mientras otras medidas advierten a empresas y bancos extranjeros sobre posibles sanciones por operaciones con determinadas entidades controladas por estructuras estatales y militares.
Al mismo tiempo, el Departamento de Comercio permite bajo la excepción “Support for the Cuban People” determinadas ventas de gas y derivados estadounidenses destinadas al sector privado y a consumidores individuales. La autorización excluye operaciones que beneficien principalmente al Estado cubano.
Una relación energética similar a dependencias anteriores
La combinación de las restricciones sobre proveedores vinculados al Estado y la apertura para productos estadounidenses destinados al sector privado ha alimentado lecturas sobre una posible estrategia de Washington para ampliar su influencia económica en Cuba.
El propio gobierno cubano ha acusado a Estados Unidos de intentar crear una nueva dependencia, una interpretación que Washington no ha reconocido como objetivo de su política.
La comparación histórica recuerda al papel desempeñado por la Unión Soviética antes de su desaparición en 1991, cuando Moscú suministró petróleo a Cuba durante décadas en condiciones preferenciales y permitió incluso que La Habana revendiera parte de esos cargamentos para obtener divisas.
La pérdida de ese respaldo fue uno de los factores decisivos en la crisis económica conocida como Periodo Especial, una de las crisis económicas más graves que se vivió en la Mayor de las Antillas.
El escenario actual presenta diferencias sustanciales, como el hecho de que los cargamentos estadounidenses están sujetos a condiciones comerciales y regulatorias y, oficialmente, deben favorecer actividades privadas, no financiar al aparato estatal. Sin embargo, el crecimiento de los envíos coincide con una política estadounidense dirigida a reducir otras fuentes de financiamiento y suministro energético disponibles para La Habana.
La evolución de los próximos meses permitirá establecer si julio fue una operación extraordinaria o el comienzo de una relación energética más estable. La EIA publicará los datos correspondientes a agosto el 30 de octubre, lo que ayudará a determinar hasta qué punto Estados Unidos podría estar ocupando parte del espacio dejado por Venezuela y otros antiguos proveedores de Cuba.
