Rebajan tarifa de los trámites legales en Cuba luego de una “revisión” del ordenamiento

De nada sirvió el diseño que por más de 10 años se estudió para poner en práctica el “ordenamiento monetario” en Cuba pues a poco más de un mes de su implantación ya son varios los organismos que se han visto obligados a rectificar sus abusivos precios.

A la empresa eléctrica, Correos de Cuba y otros tantos ahora se suma el Ministerio de Justicia que anuncia una rebaja de las tarifas en los servicios de los bufetes colectivos.

Mediante la Resolución 46 del 2021, firmada por el ministro Oscar Manuel Silvera Martínez, se hace contar que “con motivo de la implementación del proceso de ordenamiento monetario del país y las inquietudes de la población, resulta necesario proceder a la modificación de algunas tarifas”.

Según el ministro, tras una “revisión y reevaluación (…) de los precios entrados en vigor en enero” ahora sí se hace justicia con las “exigencias de la población”.

Servicios en bufetes colectivos que rebajan sus precios

• Contratación de un abogado: desde 570 CUP a 380 CUP
• Trámites legales para repartir los bienes tras un divorcio: Si los bienes en común no sobrepasan los 3.000 CUP se pagará 500 CUP al abogado. En caso contrario, la tarifa será de 1.200 CUP. Anteriormente, el trámite costaba 2.400 CUP.
• Procesos relacionados con la propiedad de la vivienda: de 1.170 CUP ahora valen 990 CUP.

Sin embargo, hay otros servicios que no variaron su precio. Ese es el caso del divorcio, dicho trámite costaba 95 CUP antes del 1.º de enero y luego la tarifa se elevó a 570 CUP.

El otro caso es la inscripción de inmuebles que subió desde 55 CUP en diciembre hasta 330 CUP luego de la entrada en vigor del “ordenamiento”.

Según el gobierno, los precios deben aumentar porque las empresas devaluaron su sistema contable desde 1 USD por 1 CUP hasta 1 USD por 24 CUP, pero esa explicación no aplica

De acuerdo con la Resolución 46 de 2021, “se ratifica la garantía tradicional en la oferta del sistema de consultas gratuitas a la población, en respuesta al fin social de esa institución y que funciona bajo principios de autonomía y autogobierno, al tiempo que representa a la ciudadanía en conflictos entre individuos y también contra organismos y entidades del Estado”.