Recorte del 30% a los food stamp restringe las ayudas a refugiados y solicitantes de asilo en EEUU

La propuesta contempla una reducción equivalente a 300 mil millones de dólares hasta 2034. (Foto © Periódico Cubano)

El programa federal de asistencia alimentaria Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), conocido como “food stamps” (bonos de comida), enfrenta el mayor recorte de su historia bajo un proyecto de ley promovido por los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La iniciativa, parte de un paquete presupuestario más amplio, contempla una reducción del 30% en la financiación del programa, equivalente a 300 mil millones de dólares menos hasta 2034.

El paquete incluye además restricciones para refugiados, asilados, beneficiarios de TPS y otros grupos humanitarios, limitando su acceso a Medicaid, Medicare, SNAP y ayuda educativa. Se imponen también tarifas elevadas para solicitudes de asilo y se obliga a las familias a pagar por el tiempo que sus hijos estén detenidos, dificultando la protección y reunificación familiar.

Pierden derecho a los bonos de comida

• Solicitantes de asilo (personas que están en proceso de solicitar protección legal en EEUU)
• Refugiados reconocidos
• Beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS)
• Personas bajo parole humanitario
• Víctimas de trata de personas
• Asilados (personas que ya obtuvieron asilo)
• Personas con otros estatus migratorios temporales humanitarios

Actualmente, SNAP beneficia a más de 40 millones de personas, incluyendo niños, ancianos y personas con discapacidades. Sin embargo, las reformas propuestas endurecen los requisitos para acceder a los beneficios. Entre los cambios destaca la ampliación de las obligaciones laborales a hogares con niños mayores de siete años, y a personas entre 55 y 64 años. Además, se restringirán las excepciones que algunos estados aplican en zonas con alto desempleo.

Las familias con hijos perderían en promedio 229 dólares mensuales, mientras que la pérdida promedio total sería de 254 dólares mensuales.

Además, el financiamiento federal para los beneficios básicos se reduciría entre un 5% y un 25% a partir de 2028. Esto implicaría que los estados tendrían que cubrir parte de los costos, algo nunca antes ocurrido en la historia del programa. Algunos estados podrían enfrentar dificultades para sostener SNAP o incluso optar por no participar, dejando sin ayuda a millones de personas.

Grupos que mantendrían el derecho a recibir SNAP

Para determinar la elegibilidad para SNAP, se deben considerar varios factores, incluyendo el tamaño del hogar, los ingresos, los recursos y otros criterios específicos del estado. Es recomendable contactar a la agencia estatal de SNAP o visitar su sitio web para obtener información detallada y actualizada sobre los requisitos y el proceso de solicitud.

• Personas mayores de 65 años: Este grupo no estaría sujeto a los nuevos requisitos laborales propuestos.
• Personas con discapacidades: Aquellos con discapacidades permanentes o de largo plazo seguirían siendo elegibles, independientemente de su capacidad para trabajar.
• Hogares con niños menores de 7 años: Aunque se ampliarían los requisitos laborales, se mantendría la exención para hogares con niños menores de 7 años.
• Personas que reciben asistencia pública: Individuos que ya reciben beneficios de programas como el TANF (Temporary Assistance for Needy Families) o SSI (Supplemental Security Income) podrían ser considerados categóricamente elegibles para SNAP, facilitando su acceso al programa.

Expertos advierten que estos recortes no solo perjudicarían a los beneficiarios, sino también a economías locales, en particular en zonas rurales donde los comercios dependen del gasto generado por SNAP. El efecto económico adverso se extendería a múltiples sectores vinculados al consumo de alimentos.

Este recorte se produce en un contexto legislativo que también contempla un aumento masivo en el presupuesto para la detención y deportación migratoria. El financiamiento para ICE (Immigration and Customs Enforcement) aumentaría en 110 mil millones de dólares, triplicando su capacidad de detención y permitiendo la detención indefinida de familias, mientras que 90 mil millones más se destinarían a la militarización fronteriza.