Las autoridades cubanas han reiterado esta semana que importar, usar o comercializar el servicio de internet satelital Starlink en territorio nacional constituye un delito grave. La información fue difundida por medios de prensa oficialistas como el canal TVÁvila.
La pena establecida en el artículo 295.1 de la Ley 151/2022 oscila entre tres y ocho años de prisión. A eso se suman el decomiso de los equipos y el pago de multas. Las antenas, cuando son incautadas, tienen un valor de mercado de hasta 1,700 dólares.
Solo en 2025 fueron decomisados más de 80 equipos Starlink en la Isla. Algunos llegaron ocultos dentro de paneles solares. Otros, dentro de televisores. Debido a esto, la Aduana General y el Ministerio de Comunicaciones aplican controles estrictos en todos los puntos de entrada al país.
Lo que el régimen llama amenaza
El gobierno cubano no presenta la persecución de Starlink como una restricción a la libertad de información. La presenta como una medida de soberanía nacional. Las fuentes oficiales describen el servicio satelital como una “operación encubierta de intereses externos” orientada a desestabilizar al país.
Las autoridades han vinculado su uso con la posibilidad de que, en un contexto de conflicto bélico, se facilite una intervención militar extranjera eludiendo los mecanismos de defensa nacional.
Cada tecnología que el Estado cubano no puede controlar se convierte automáticamente en una amenaza para su “soberanía”. Ocurrió con las antenas parabólicas en los años noventa. Ocurrió con el acceso doméstico a internet durante años y ocurre ahora con Starlink.
Cuba atraviesa una crisis de conectividad sin precedentes. Los apagones afectan más de la mitad del territorio nacional, con cortes que en algunas provincias superan las 20 horas diarias.
Cuando no hay electricidad, no hay internet por cable ni por datos móviles. Starlink funciona con su propia batería y su propia señal. Por lo tanto, sería la solución ideal para que miles de cubanos puedan comunicarse con sus familias en el exterior, acceder a información no censurada o simplemente trabajar.
Ocho años de cárcel por buscar señal satelital en Cuba
La pena de hasta ocho años de prisión por usar Starlink no es proporcional a ningún daño real que esa tecnología cause a la población cubana. Va aparejada al miedo que le genera al régimen perder el control sobre lo que sus ciudadanos ven, dicen y comparten.
Cuba ocupa uno de los últimos lugares del mundo en libertad de prensa e internet. El gobierno bloquea sistemáticamente sitios web de noticias independientes, redes sociales durante protestas y cualquier plataforma que considere una amenaza a su narrativa oficial.
Starlink amenaza ese sistema de control porque opera fuera del alcance de los servidores cubanos. No puede ser bloqueado desde La Habana. No puede ser apagado con una orden ministerial. Esa es la razón real de la persecución. No la seguridad nacional. No la soberanía tecnológica. El control de la información.
Un llamado a denunciar vecinos por tener internet
Las autoridades han hecho un llamado público a la población para que denuncie a quienes posean o utilicen equipos Starlink. En un país donde el acceso a internet por las vías oficiales es caro, lento y sujeto a cortes permanentes, el Estado les pide a sus ciudadanos que delaten a quienes encontraron una alternativa.
