El régimen de Cuba volvió a señalar a Estados Unidos como uno de los principales responsables de las dificultades económicas de la Isla, acusando al país de impedir el libre desarrollo de sus reformas económicas.
Fue el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, afirmó que el embargo estadounidense obstaculiza la aplicación de las reformas con las que La Habana pretende atraer capital y reactivar la economía.
Las declaraciones fueron realizadas a Reuters el 29 de septiembre, en un momento de nuevas restricciones estadounidenses contra Cuba.
Desde el 30 de septiembre comenzaron a aplicarse cambios que afectan determinadas operaciones bancarias vinculadas con empresarios privados cubanos, eliminan algunas autorizaciones para cuentas bajo jurisdicción estadounidense y amplían las restricciones sobre transacciones indirectas relacionadas con entidades incluidas en la lista de sanciones.
La presión de Washington también aumentó durante septiembre. El día 17, el secretario de Estado Marco Rubio anunció sanciones contra ocho entidades y tres personas relacionadas con estructuras militares y con el sector del níquel cubano.
Las medidas permiten bloquear bienes bajo jurisdicción estadounidense y pueden afectar a entidades extranjeras que realicen determinadas operaciones con los sancionados.
Pérez-Oliva sostiene que estas decisiones dificultan la llegada de inversión extranjera necesaria para ejecutar el programa económico aprobado por La Habana, que el mismo dirigente Miguel Díaz-Canel afirmó no se había aprobado antes por amenazar el sistema socialista.
El paquete contempla 176 transformaciones en 23 áreas y busca ampliar la participación privada, modificar el funcionamiento de empresas estatales y facilitar la entrada de capital extranjero.
Sin embargo, el argumento oficial deja abierto otro problema: buena parte de las dificultades que afectan a los cubanos no dependen directamente de las sanciones estadounidenses.
El Estado continúa teniendo un papel dominante en sectores esenciales y varias de sus empresas presentan problemas persistentes en electricidad, transporte, comunicaciones y abastecimiento.
Mientras el Gobierno afirma haber puesto en marcha 158 de las 176 medidas, continúan los apagones, las interrupciones de internet, las limitaciones del transporte y el encarecimiento de los alimentos.
La contradicción resulta especialmente visible en la electricidad. Durante septiembre se produjo otro colapso nacional del sistema, mientras la infraestructura permanece afectada por averías, falta de combustible y años de deterioro.
La situación también repercute sobre ETECSA, cuyos servicios dependen de una infraestructura eléctrica que enfrenta interrupciones frecuentes.
A esto se suma que las propias reformas reconocen la necesidad de modificar un modelo económico altamente centralizado.
Las nuevas normas amplían el espacio para empresas privadas e inversión extranjera, mientras expertos como el economista Pedro Monreal han advertido que todavía existen obstáculos internos para atraer capital, entre ellos las garantías disponibles para resolver conflictos entre inversionistas y el Estado cubano.
Por tanto, las sanciones estadounidenses constituyen un factor que puede dificultar determinadas operaciones financieras y comerciales, especialmente para el sector privado.
Pero atribuirles por sí solas la crisis económica cubana no explica problemas que también están relacionados con la gestión de las empresas estatales, la infraestructura deteriorada y las reglas internas que durante décadas han limitado la actividad económica.
La Habana busca precisamente más inversión extranjera para sostener sus reformas. El desafío para el Gobierno no consiste únicamente en denunciar las restricciones externas, sino en demostrar que los cambios anunciados producen resultados concretos para una población que continúa enfrentando apagones, falta de transporte, inflación y dificultades para acceder a bienes básicos.
