El médico oncólogo Álvaro Pérez Pérez rechazó la versión ofrecida por las autoridades de la Isla de la Juventud sobre la multa de 4.000 pesos impuesta tras una venta de garaje, un caso que provocó una amplia ola de solidaridad dentro y fuera de Cuba.
Durante una transmisión en vivo realizada en Facebook, el especialista respondió a una nota publicada por la Dirección Estatal de Comercio del municipio, en la que se afirmaba que la sanción no había sido aplicada al médico, sino al propietario de la vivienda donde se efectuó la venta.
Pérez aseguró que ninguna autoridad del Partido Comunista, del Gobierno local ni de la propia Dirección de Comercio se comunicó con él para conocer su versión de los hechos antes de divulgar la aclaración oficial.
El oncólogo también cuestionó la descripción de los hechos realizada por las autoridades. Explicó que la actividad no se desarrolló en su vivienda, sino en el portal de la casa de un familiar.
“Nunca hubo un diálogo. Siempre la intención fue ponernos la multa. No se nos explicó siquiera por qué se estaba poniendo la multa”, explicó.
Asimismo, señaló que la persona que firmó la notificación de la multa no lo hizo porque estuviera de acuerdo con la sanción, sino porque entendió que las autoridades aplicarían la medida de cualquier manera.
Otro de los puntos discutidos fue la supuesta prohibición de comercializar libretas escolares. El médico sostuvo que esos mismos productos podían encontrarse en establecimientos estatales a precios considerablemente superiores a los que él estaba ofreciendo durante la venta.
Según relató, los inspectores que acudieron al lugar no explicaron inicialmente cuál era la norma que justificaba la sanción y llegaron incluso a mencionar distintas posibles infracciones antes de formalizar la multa.
A su juicio, desde el inicio la decisión parecía orientada a imponer la penalización sin espacio para un diálogo o aclaración.
La Dirección Estatal de Comercio informó que las donaciones recibidas tras hacerse viral el caso alcanzaron los 100.000 pesos. Sin embargo, Pérez cuestionó esa cifra y aseguró que el apoyo económico recibido fue superior, según los datos que pudo conocer posteriormente.
De acuerdo con el médico, la única institución que se puso en contacto con él fue la Dirección de Salud Pública. Según explicó, funcionarios del sector le solicitaron realizar una aclaración pública sobre lo ocurrido, propuesta que decidió rechazar para evitar que la situación continuara escalando.
El caso ha reavivado el debate sobre las dificultades económicas que enfrentan numerosos profesionales cubanos.
Datos oficiales indican que los salarios del sector de la salud continúan siendo insuficientes frente al aumento sostenido del costo de vida y de los productos básicos.
Pérez concluyó que la polémica trasciende una simple multa y refleja la realidad de muchos trabajadores altamente calificados que buscan ingresos adicionales para cubrir necesidades cotidianas.
Según afirmó, numerosos profesionales se ven obligados a vender objetos personales o regalos recibidos para poder adquirir alimentos y otros productos esenciales para sus familias.
“Todo el mundo sabe lo que hay detrás de esa multa, que nosotros, los profesionales, tengamos que salir a vender lo que nos regalan los pacientes para lograr 100, 200 pesos, para ir a comprar una cabeza de ajo y poder cocinar”, concluyó.
