La Dirección Provincial de Vivienda de Sancti Spíritus ya está impulsando la nueva Ley de Vivienda que exige pagos mensuales a los residentes de edificios multifamiliares, esto mediante la apertura de cuentas bancarias vinculadas a la administración de dichos inmuebles.
La medida está siendo impulsada luego de una avería que dejó sin agua a 19 inmuebles del reparto Olivos 1, en la ciudad cabecera.
Esto busca crear fondos previos para enfrentar reparaciones, pero también adelanta el esquema de pagos obligatorios incluido en el proyecto de nueva Ley de la Vivienda que el régimen prevé aplicar en todo el país.
Según reportó Radio Vitral Sancti Spíritus, la rotura de una bomba de agua obligó a las autoridades locales a promover un mecanismo financiero para que cada edificio disponga de recursos propios antes de una emergencia.
La propuesta queda bajo control institucional, pues las cuentas deberán ser aprobadas mediante resolución por los directores municipales de Vivienda.
Cuentas bancarias para edificios
Yuslevi Vázquez Castillo, subdirector legal de Vivienda en la provincia, dijo que la respuesta no depende solo de soluciones técnicas, sino de la organización vecinal. El funcionario defendió la creación de reservas monetarias para evitar colectas urgentes cuando ocurra una avería.
“Disponer de ese fondo evita que, en un momento puntual, haya que recoger de forma simultánea una cuota que puede afectar directamente al vecino, sobre todo en la actual coyuntura económica”, señaló.
La administración de esas cuentas quedaría en manos de las juntas directivas de los consejos de vecinos. Las autoridades también pretenden reforzar esas estructuras para que funcionen con mayor capacidad organizativa.
El objetivo declarado es reducir la morosidad y asegurar pagos para servicios por turnos, arreglos y mantenimiento en edificios compartidos.
La Ley de la Vivienda y las cuotas obligatorias
El ensayo en Sancti Spíritus coincide con lo previsto en el proyecto de nueva Ley de la Vivienda, un documento de 190 artículos y 91 páginas que incluye un capítulo dedicado a los inmuebles multifamiliares. El texto propone crear juntas de administración en todos esos edificios, con poder para establecer cuotas mensuales destinadas a gastos comunes.
El artículo 157 establece: “Los acuerdos adoptados por la Junta de Administración tienen efectos vinculantes para todos los titulares”. La redacción no deja margen para que un propietario se excluya de los pagos acordados.
Esas cuotas cubrirían limpieza, conservación, mantenimiento y rehabilitación de áreas o equipos comunes. Entre ellos figuran escaleras, patios, cisternas, bombas de agua y ascensores. En la práctica, los vecinos asumirían costos que durante décadas quedaron atrapados entre el deterioro del parque habitacional y la ineficiencia estatal.
El proyecto fue sometido a consulta popular hasta el 28 de febrero de 2026. Lleva las firmas de Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional, y de Miguel Díaz-Canel, aunque las fechas de aprobación aparecen sin completar.
Si la ley recibe aprobación parlamentaria, el Consejo de Ministros tendrá 60 días para dictar su reglamento. Después, la norma entrará en vigor 90 días luego de su publicación en la Gaceta Oficial.
