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Saily González demanda a intendente de Santa Clara por prohibir el 15N
Acudió al Tribunal Provincial de Villa Clara, donde denunció también la represión a opositores
Saily González con la demanda que impuso ante el Tribunal de Villa Clara por prohibir la marcha del 15N que está amparada por la Constitución de la Isla. (Collage: Saily González-Facebook)
La activista y emprendedora cubana Saily González Velázquez presentó una demanda contra un funcionario cubano ante el Tribunal Provincial de Villa Clara.
En su perfil de Facebook, González señaló que este 29 de octubre acudió a la institución para presentar una demanda penal contra el intendente de Santa Clara, Eduardo Andrés Román Duarte.
El proceso lo inició por la prohibición que el gobierno local impuso a la Marcha Cívica por el Cambio, programada para este 15 de noviembre.
La empresaria opositora considera anticonstitucional la decisión, pues el derecho a manifestarse pacíficamente está albergado en la Carta Magna cubana, e incluso se habían tramitado permisos.
Asimismo, denunció los actos de “difamación, asesinatos de honor, amenazas y violaciones a derechos” que el gobierno ha cometido contra los activistas que han confirmado su participación en la protesta.
Entre estos están las detenciones arbitrarias de activistas y el cercamiento policial de sus domicilios desde que se entregara el documento de aviso en la Intendencia Municipal.
Según explicó González, la demanda fue aceptada por la instancia judicial, donde le aseguraron que la mantendrían actualizada sobre el proceso por teléfono o correo electrónico.
“Este acto jurídico responde a uno de los principios de la Plataforma Archipiélago: responder a los actos autoritarios del Régimen Cubano con ejercicios pacíficos y cívicos”, concluyó Saily.
Los activistas cubanos se han mantenido por años apegados a la protesta pacífica y las denuncias dentro del marco legal como acciones contra los abusos del régimen de Cuba.
A pesar de que esto ha acarreado el encarcelamiento, destierro y persecución de sus integrantes, movimientos como el San Isidro (MSI), la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y ahora el grupo Archipiélago, han recalcado su negativa a salirse del marco de lo pacífico.
En las últimas semanas, el gobierno cubano ha declarado la marcha del 15N como ilegal, confirmó la militarización de las calles durante el proceso y arrestó a varios de los participantes confirmados.
También emprendió una campaña de desprestigio contra activistas y organizadores, como el dramaturgo Yunior García Aguilera, a quien acusó de recibir dinero desde EEUU, lo que él negó.
Por su parte, el gobierno de EEUU negó estar comandando a los opositores cubanos y pidió al régimen escuchar y resolver los problemas de su población.
Diversas organizaciones, incluyendo al Parlamento Europeo, han solicitado la presencia de observadores internacionales en la protesta del 15N, por temor a la represión violenta que pueda ejercer el Estado, que anticipó la prohibición del evento y convocó a los civiles a combatir a los manifestantes.
