Sancionan al periodista Yoel Acosta por el Decreto-Ley 35

Yoel Acosta es una de las primeras víctimas del Decreto-Ley-35. (Foto: captura de pantalla)

El periodista independiente Yoel Acosta es una de las primeras víctimas del Decreto-Ley 35 o Ley Mordaza, publicado este martes en la Gaceta Oficial de Cuba.

Este colaborador de la agencia de prensa independiente Palenque Visión fue multado con dos mil pesos moneda nacional, “por divulgar la realidad que viven pobladores de Baracoa”, en la provincia Guantánamo, según información publicada por Radio Televisión Martí.

Yoel Acosta dijo a Radio Martí que al aplicársele el Decreto-Ley 35 también se le levantó un acta de advertencia por “atentar contra la soberanía del país” porque “desacreditaba al país con los videos y reportajes que hace”.

“Dicen que si yo no sabía que había salido un artículo que ellos habían aprobado donde decía que toda persona se manifestara en contra del gobierno o que mostrara la realidad que vive el cubano iba a ser procesada penalmente y que podían llevarme a prisión por eso”, aseguró Acosta.

(Foto: Captura de pantalla-ADN Cuba)

“Me dijeron que si no la pagaba (la multa) en 72 horas me iban a llevar a prisión. La multa fue puesta injusta y arbitrariamente por este oficial de la Seguridad, que me dice que a partir de hoy van a estar pendientes de todo lo que yo hago y que no puede expresarme más libremente en las redes sociales”, relató a ADN Cuba.

El Decreto-Ley 35 “De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del Espectro Radioeléctrico” asegura que las personas jurídicas y naturales tienen responsabilidad administrativa con el uso del espectro radioeléctrico.

Califica como ciberterrorismo “aquellas acciones mediante el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) cuya finalidad es subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Alterar gravemente la paz pública. Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella”.

Las sanciones tipificadas en el Decreto 42, para quienes violen el Decreto Ley-35, consisten en un grupo de multas que oscilan entre los 300 y los 4 000 pesos, en dependencia de la infracción. También se pueden decomisar los equipos tecnológicos usados para cometer “el crimen”.