El Tribunal Provincial Popular de Matanzas celebró el pasado 7 de agosto un “juicio ejemplarizante” contra dos altas funcionarias de la Vivienda acusadas de malversación.
De acuerdo con la prensa oficialista local, quienes fueran la directora y la inversionista de la Dirección Municipal de Vivienda en Cárdenas recibieron una condena de cinco y cuatro años de cárcel, respectivamente.
El tribunal las encontró culpables de malversación de fondos públicos y de falsificación de documentos. El juicio, de carácter público, se celebró en la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial.
Según demostró la fiscalía, la exdirectora, que no fue identificada, firmó un contrato irregular con un trabajador por cuenta propia (TCP) para realizar la rehabilitación de edificios multifamiliares sin seguir los procedimientos legales establecidos.
En concreto, el contrato, realizado sin licitación y con información incompleta, fue para el reforzamiento estructural de un edificio en el Reparto 13 de Marzo, en Cárdenas. A pesar de que las obras nunca fueron ejecutadas, el pago fue aprobado por una cifra de 531.486 pesos cubanos (CUP), como si el trabajo se hubiera completado satisfactoriamente.
Por su parte, la exinversionista B no verificó la calidad de la obra ni exigió el expediente correspondiente para garantizar que los trabajos se realizaran correctamente. A pesar de ello, certificó el avance de los trabajos, permitiendo el pago de los recursos sin ninguna base real.
Tras un análisis detallado de las pruebas, el tribunal consideró que la exdirectora fue la principal responsable de malversación y la exinversionista como cómplice. Además de la condena de privación de libertad, se les prohibió ejercer cargos relacionados con la administración y manejo de recursos materiales o financieros.
El presidente del tribunal destacó que, a pesar de que las acusadas devolvieron el monto defraudado, la lección social es importante, especialmente en tiempos de escasez y crisis económica. Durante el proceso, los familiares de las acusadas reembolsaron la cantidad defraudada a la entidad, evitando que el patrimonio de la Dirección Municipal de Vivienda se viera afectado.
Ambas acusadas tienen la posibilidad de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo Popular en caso de que deseen impugnarla, como lo estipula la Ley del Proceso Penal en Cuba.
La sanción a las dos funcionarias ha generado un fuerte debate en las redes sociales, donde ciudadanos han expresado su descontento por la aparente impunidad en otros casos de corrupción y la ausencia de sanciones a otros responsables. Comentarios como los de Wilmar Perez Torrez, quien cuestionó la falta de responsables adicionales, o de Deivis Alpizar, que denunció la corrupción generalizada en empresas estatales, reflejan un sentimiento de frustración popular frente a la corrupción en diversos sectores.
Además, algunos ciudadanos, como Yailin Martin Carmenati, recordaron casos de problemas habitacionales en Cárdenas, como el caso de su padre, quien lleva más de 40 años esperando la regularización de la propiedad de su vivienda. Estos testimonios refuerzan la percepción de que la falta de transparencia y control en la gestión pública es un problema generalizado en el país.
