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Siete empleados estatales son condenados a prisión por robo de combustible en Pinar del Río

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Siete empleados estatales son condenados a prisión por robo de combustible en Pinar del Río

Fueron condenados a 10 meses de prisión, robaron más de 600 litros de combustible

Siete trabajadores de empresa estatal de Cuba condenados a prisión por robo de combustible. (INTERNET).

El Tribunal Municipal Popular de Consolación del Sur, en Pinar del Río, condenó a 10 meses de prisión a siete operadores de maquinaria pesada de la Empresa Agroindustrial de Los Palacios por el delito de robo de combustible.

Medios locales apuntaron la magnitud del delito pues se trata de uno de los mayores registrados en la occidental provincia, con daños traducidos en un total de 620 litros de petróleo hurtado.

Las autoridades no revelaron los nombres de los acusados, quienes no fueron los únicos condenados por este delito. “Los dos compradores del diésel (también) cumplen un dictamen de un año de encierro por el delito de receptación continuada”, informó el canal TelePinar.

Entre enero y mayo de este año fueron a juicio unas 20 personas por el delito de robo de combustible, 18 de las cuales recibieron diversas sanciones que van desde multas hasta encarcelamiento, siendo 14 las que se encuentran en prisión.

El robo en trabajos estatales de Cuba no es poco común, pues los ciudadanos lo ven como una “solución” ante los bajos salarios y la escasez de alimentos y otros productos básicos en la Isla.

“Estamos implementando una política de rigor. Tiene que haber un escarmiento porque las personas tienen que sustraerse de cometer estos delitos, por lo cual buscamos un efecto no solo represivo, sino también educativo y preventivo”, aseguró el presidente del Tribunal Provincial Popular de Pinar del Río, Liosbel Márquez García.

“En materia laboral la medida disciplinaria inmediata debe ser la separación definitiva de la entidad. También hemos recibido la orientación del presidente del Tribunal Supremo de indagar en las posibles demandas que se interpongan en la sala civil, no sea que tras una reclamación económica se imponga un ilícito penal”, añadió.

No obstante, las medidas de control suelen ser más estrictas con los trabajadores y cuentapropistas, que con las dependencias gubernamentales y sus funcionarios.

 

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