Siguen los decomisos en Cuba y arrestan a 50 personas en La Cuevita de La Habana

El régimen cubano sigue a la caza de los revendedores informales del mercado negro y ha desatado una redada contra los comerciantes del popular barrio La Cuevita, conocido por ser epicentro de este tipo de comercios.

Según trascendió en redes sociales, un operativo llevado a cabo por agentes de la Policía Nacional Revolucionara (PNR) en San Miguel del Padrón, culminó con medio centenar de personas detenidas, mientras que en Playa se aplicó una inspección al proyecto estatal Recreatur, donde fueron multados varios ciudadanos y confiscados los productos.

En imágenes compartidas en su cuenta de Facebook por el periodista oficialista, Lázaro Manuel Alonso, los antillanos apresados fueron acusados por revender “productos de primera necesidad obtenidos de mercados estatales”.

Así mismo, el reportero afirma que tenían “picadillo, aceite, pollo, queso, galletas, medicamentos y aseo. Fueron inspeccionadas varias viviendas que funcionaban como almacén. Usuarios en redes sociales demandan que, además de las detenciones, llegue la justicia a quienes, desde los comercios, contribuían al lucro y a la especulación”, reveló en su publicación el reportero.

Irónicamente, estas personas no se dedican a esto desde hace unos días, sino que es bien sabido que La Cuevita, tal y como su nombre lo anuncia, es el lugar donde se refugian la mayoría de estas ventas en el mercado alternativo cubano, lo cual es de dominio por parte los agentes de la Seguridad del Estado que, hasta ahora, miraban de lejos la situación.

Entonces, ¿por qué esta parafernalia desatada contra quienes intentan ofrecer un servicio que debería ser responsabilidad del gobierno? Si en Cuba no existen almacenes privados que provean a los pequeños comerciantes, ¿acaso estos productos no salen de la propia red estatal? ¿Por qué entonces los mercados administrados por el régimen permanecen vacíos?

Interrogantes que el gobernante no electo, Miguel Díaz-Canel no respondió cuando, la pasada semana, hacía un llamado de alerta para “acelerar la ofensiva” del régimen contra la “economía sumergida”.

Para el activista Magdiel Jorge Castro, esto tiene un único fin, desviar la atención de lo realmente importante, la incapacidad de la gestión castrista de proveer de alimentos y recursos de primera necesidad al pueblo, tal y como ya había pasado en los años 90 con el llamado “Plan Maceta”.

Por su parte, Luis Torres Iríbar, primer secretario del Partido Comunista en La Habana, secundó las palabras del esposo de la Machi y aseguró que la capital trabaja en “intensificar el enfrentamiento a las ilegalidades relacionadas con la venta de productos alimenticios, el acaparamiento, la sustracción de mercancías de las entidades estatales y los precios abusivos”.

Sin embargo, ni la prensa oficialista ni los altos dirigentes de la cúpula, cuestionan los negocios privados y los crímenes de cuello blanco llevados a cabo dentro de la élite de poder y que son realmente quienes se enriquecen a costa de la desgracia del pueblo.