El congresista cubanoamericano Carlos A. Giménez y el recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, anunciaron el envío de una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para solicitar la suspensión de todas las licencias a compañías estadounidenses que comercializan artículos de lujo con el gobierno cubano.
En una conferencia de prensa celebrada en el Puerto de Miami, los funcionarios informaron que la solicitud se fundamenta en la denuncia de que empresas siguen operando con entidades controladas por el gobierno cubano, contraviniendo las políticas de Washington hacia La Habana.
Giménez agradeció a Fernández el trabajo realizado para identificar empresas que comercializan artículos de lujo, como vehículos Ferrari, motos acuáticas y jacuzzis, destinados a la Isla. “Estos no son artículos humanitarios, son artículos de lujo que solo ayudan al régimen, no al pueblo cubano”, afirmó el republicano.
La conferencia de prensa se realizó con la presencia de miembros y activistas del exilio, como Rosa María Payá, Orlando Gutiérrez, José Daniel Ferrer, y autoridades locales, como los comisionados de Miami, Miguel Ángel Gabela y Rafael Rosado, además de la comisionada de Miami-Dade, Natalie Milian.
A finales de 2025, al menos 20 empresas en el condado de Miami-Dade fueron sancionadas por sospechas de realizar comercio con el régimen cubano. Estas empresas, según Fernández, podrían estar violando las leyes federales al no cumplir con las normativas que restringen el comercio con Cuba.
La oficina de Fernández envió cartas a un total de 75 empresas solicitando la documentación que demostrara que tenían la autorización necesaria de las autoridades estadounidenses.
En este mismo sentido, los congresistas republicanos de Florida, María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, solicitaron a la administración del presidente Trump que revise y revoque todas las licencias de exportación que permiten el envío de bienes hacia Cuba.
Según un comunicado difundido por Fox News, los legisladores enviaron una carta a los Departamentos de Comercio y del Tesoro, pidiendo esta acción debido a que varias empresas estadounidenses están llevando a cabo operaciones comerciales, por un valor superior a los 100 millones de dólares, con entidades controladas por el régimen cubano.
La propuesta tiene como objetivo revocar todas las licencias que proporcionen beneficios económicos directos o indirectos al gobierno cubano. Este reclamo se basa en las disposiciones de la Ley Helms-Burton de 1996, que establece sanciones hasta que se logre una transición hacia un gobierno democrático en Cuba.
Compras millonarias en EEUU por parte del régimen castrista
El régimen cubano se ha beneficiado directamente de licencias federales otorgadas por el gobierno de Estados Unidos, las cuales han facilitado la importación de productos desde ese país.
Entre las entidades cubanas que han realizado compras millonarias se encuentran el Grupo Palco, que abastece al Consejo de Estado, una empresa vinculada al comandante de la revolución Guillermo García Frías, y varios ministerios cubanos.
Según una revisión realizada por Diario de Cuba a los documentos públicos de la Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade, estos intercambios comerciales superan los 600 millones de dólares e incluyen desde materiales de construcción hasta vehículos de lujo. Este volumen de transacciones plantea dudas sobre el destino real de estos bienes y su uso dentro de la Isla.
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