Una nota oficial del Tribunal Supremo Popular informa que una gestora de Correos de Cuba fue condenada a cuatro años de prisión por malversación de fondos, luego de apropiarse indebidamente de más de 57.000 pesos cubanos (CUP) correspondientes a pagos de jubilaciones y giros postales en Majagua, Ciego de Ávila.
La acusada, quien operaba en una oficina rural, utilizó un artificio para engañar a los jubilados, asegurando que no había efectivo disponible en la sucursal para el pago de sus pensiones. Los afectados le creían debido a la crisis generalizada de dinero en efectivo que existe desde hace años en el país.
La gestora, identificada como parte de un sistema de abuso, manipuló a los más vulnerables de la sociedad cubana: los jubilados, amas de casa y personas mayores, quienes confiaban en ella para recibir sus pensiones.
Durante varios meses, les comunicaba que el dinero no estaba disponible y, por ende, no podían cobrar sus chequeras. Sin embargo, la realidad era que ella misma se apropiaba de los fondos.
El fraude se descubrió cuando varios ciudadanos aprovecharon la presencia de una comisión provincial, que investigaba otros casos, para exponer sus quejas sobre la falta de pagos. Las irregularidades fueron evidenciadas rápidamente, incluyendo discrepancias en los carnés de identidad y falsificación de comprobantes.
El proceso judicial fue descrito como “ejemplar” por las autoridades. Se destacó el respeto por las garantías procesales, la sólida intervención de la Fiscalía, la adecuada defensa de la acusada y la participación activa de testigos que ayudaron a esclarecer los hechos.
Además de los cuatro años de privación de libertad, la acusada también quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos y se le impuso una restricción de su salida del país hasta que no pague los daños materiales.
La directora de la oficina de Correos también fue procesada por incumplir su deber de proteger los bienes del Estado. Aunque no tenía implicación en el esquema de robo recibió una sentencia de trabajo correccional sin internamiento durante un año.
Sin embargo, al igual que la gestora, también será privada de derechos públicos y de la posibilidad de ejercer cargos o salir del país.
