Los trabajadores agrícolas migrantes en Homestead y los Redlands enfrentan una creciente incertidumbre tras la intensificación de las políticas migratorias de Florida, las cuales ahora permiten a las agencias estatales colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Una de las medidas impulsadas por el gobernador Ron DeSantis permite que inspectores agrícolas y otros funcionarios pueden interrogar a individuos sobre su estatus migratorio y, si detectan irregularidades, notificarlas a ICE para una posible deportación.
Al ser entrevistada por Telemundo 51, una trabajadora de origen guatemalteco con dos décadas de estancia en Estados Unidos expresó el temor compartido por cientos de jornaleros que se dedican a la cosecha de tomate.
“No queremos venir a trabajar, pero tenemos que hacerlo porque necesitamos llevar comida a la casa. ¿Qué le vamos a dar a nuestros hijos?”, comentó. Ahora, ella es la única fuente de ingresos para su familia, incluyendo hijos en la universidad. Para la centroamericana, el aporte de los inmigrantes es innegable: “Somos el motor de este país. Somos la columna y nuestros hijos son el futuro”.
Los operativos migratorios han sembrado el pánico entre los jóvenes trabajadores. “Cuando veo una patrulla, siento que el corazón se me sale del pecho. Pero, ¿qué podemos hacer?”, relata un jornalero que, pese a sus miedos, debe seguir enviando dinero a su familia en Guatemala.
El impacto de estas medidas no solo golpea a los trabajadores, sino también a la economía local. Comerciantes en Homestead reportan caídas en la productividad y temen que la escasez de mano de obra eleve los costos de los alimentos.
Soila Gallegos, empresaria con más de 40 años en Homestead, asegura que nunca había visto algo similar. Su negocio, que depende del flujo de trabajadores agrícolas, enfrenta una fuerte caída en las ventas, acentuada por el alza en los alquileres. “Las ventas están muy bajas. No tenemos ni para pagar la renta”, lamentó. Además, ha notado un aumento en la demanda de servicios notariales para arreglar la custodia de niños en caso de deportaciones.
Las organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el impacto de estas políticas. Denuncian que generan un clima de persecución y afectan la estabilidad de comunidades enteras. A pesar de ello, las autoridades justifican las medidas como parte de una estrategia de seguridad nacional.
Algunas familias indocumentadas han comenzado a considerar mudarse a otros estados donde no enfrenten inspecciones constantes. Asimismo, universidades y organizaciones legales han reforzado sus programas de asesoría para inmigrantes detenidos.
