Delitos contra el transporte, energía y telecomunicaciones serán considerados como sabotaje en Cuba

Rubén Remigio, presidente del Tribunal Supremo de Cuba. (Captura de pantalla © CVI – YouTube)

El Tribunal Supremo Popular de Cuba estableció que los actos vandálicos contra infraestructuras clave del país serán calificados como sabotaje, una de las figuras penales más graves del Código Penal cubano.

Esta decisión fue anunciada el 29 de mayo de 2025, tras la emisión del Dictamen 475 el 23 de mayo, difundido oficialmente por la máxima instancia judicial a través de su perfil en Facebook. La medida busca proteger estratégicos sectores como el transporte ferroviario, el sistema eléctrico, los parques fotovoltaicos y las telecomunicaciones, vitales para el funcionamiento del país y el bienestar de la población.

El Dictamen 475 establece que cualquier daño, sustracción o alteración de componentes de vías férreas, locomotoras, depósitos de combustible, grupos electrógenos y parques fotovoltaicos, así como ataques contra la infraestructura de telecomunicaciones y tecnologías de la información, serán considerados delitos de sabotaje, conforme al artículo 125 del Código Penal cubano. La tipificación responde a la intencionalidad de afectar intereses estratégicos del Estado cubano, lo que eleva la gravedad de estos hechos.

Además, el dictamen contempla una modalidad agravada del delito cuando los actos pongan en riesgo la vida, la seguridad colectiva o puedan causar accidentes graves, según el artículo 126 del Código Penal. Esta agravación implica penas más severas, reflejando la preocupación del Estado por la protección de la población y la estabilidad de los servicios públicos esenciales.

El Tribunal Supremo Popular también estableció que los procesos judiciales relacionados con estos casos deben ser prioritarios y ágiles, evitando demoras y garantizando una respuesta rápida frente a la gravedad y el impacto social de los delitos. Esta celeridad en el procesamiento busca reforzar el efecto disuasorio y la confianza en la justicia estatal para enfrentar estas amenazas.

Las sanciones contempladas incluyen prisión provisional, agravantes como la participación en grupo, uso de menores o acciones nocturnas, y medidas accesorias como la confiscación de bienes y la prohibición de salida del país. Estas medidas buscan ampliar el alcance punitivo y prevenir la reiteración de estos actos que dañan la infraestructura vital para Cuba.

El dictamen también promueve la celebración de juicios ejemplarizantes y la divulgación mediática de los casos para aumentar la conciencia jurídica de la población. La intención es fomentar la prevención y fortalecer el respeto por la propiedad estatal y los servicios públicos que afectan la vida cotidiana de los cubanos.

La decisión del Tribunal Supremo refleja una postura dura frente a las acciones que comprometen servicios esenciales en un contexto donde la infraestructura cubana enfrenta múltiples dificultades. La medida busca uniformar criterios legales y garantizar que las respuestas penales sean proporcionales a la amenaza que estos actos representan para el país.

El Dictamen 475 se fundamenta en las facultades conferidas por la Constitución de la República de Cuba y la Ley 140 de los Tribunales de Justicia. La uniformidad en la aplicación de la ley es clave para proteger los esfuerzos estatales en la recuperación y mantenimiento de los servicios eléctricos, de transporte y de telecomunicaciones, fundamentales para la economía y el bienestar social.

La advertencia del Tribunal Supremo es un reflejo más del autoritarismo del régimen, que utiliza la justicia penal para intimidar y controlar, ampliando la definición de sabotaje para castigar con rigor cualquier acto que pueda perturbar el sistema controlado por el Estado. Este enfoque judicial fortalece la represión y limita la posibilidad de protesta o disidencia en sectores clave.