La restitución de propiedades confiscadas, la compensación económica a antiguos propietarios y la protección de los cubanos que actualmente viven en esas viviendas serían algunos de los principales retos que enfrentaría Cuba durante una eventual transición democrática, según Nicolás Gutiérrez Álvarez, presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba.
En una entrevista con CubaNet, Gutiérrez aseguró que cualquier proceso relacionado con los bienes confiscados por el régimen cubano tendría que buscar un equilibrio entre reparar a quienes perdieron sus propiedades y evitar afectaciones a ciudadanos comunes que ocupan actualmente esos inmuebles.
Gutiérrez, quien nació en Costa Rica en una familia de origen cienfueguero y creció en Miami, explicó que ha dedicado décadas al estudio del derecho de propiedad en Cuba. Aunque nunca ha viajado a la Isla, considera que la seguridad jurídica será un elemento indispensable para atraer inversiones y reconstruir la economía nacional.
Propiedad privada e inversión extranjera
Según Gutiérrez, una Cuba posterior al sistema comunista necesitaría establecer un marco legal sólido para garantizar la propiedad privada y generar confianza entre inversionistas cubanos y extranjeros.
El presidente de la Asociación Nacional de Hacendados recordó que la Constitución cubana de 1940 protegía la propiedad privada en sus artículos 24 y 87. A su juicio, una futura reforma podría tomar como referencia ese texto constitucional y adaptarlo a las condiciones actuales mediante mecanismos de transición.
Gutiérrez consideró que el actual gobierno cubano no ofrece garantías suficientes porque, según dijo, las reformas que reconoce hoy podrían modificarse nuevamente en el futuro.
Asimismo, mencionó la Ley Helms-Burton y sus condiciones para que EEUU otorgue asistencia, comercio y reconocimiento diplomático a un eventual gobierno cubano de transición.
¿Qué ocurriría con las viviendas confiscadas?
Uno de los puntos más sensibles del debate es el destino de las viviendas que fueron confiscadas y que actualmente están ocupadas por familias cubanas. Gutiérrez rechazó la idea de desalojar a ciudadanos comunes y aseguró que quienes viven en esas casas deben mantener protección legal.
“No importa si pagaron la vivienda, si se la asignó el Estado o si antes perteneció a una persona confiscada. Quienes viven en esas casas deben conservar protección y derecho de permanencia”, afirmó.
Sin embargo, planteó que podrían existir diferencias con propiedades utilizadas por funcionarios del régimen, empresas extranjeras, embajadas u otras instituciones.
Como referencia, mencionó experiencias de Europa Central y Oriental, donde algunos países optaron por devolver propiedades confiscadas, mientras otros recurrieron a compensaciones mediante bonos, beneficios fiscales u otros mecanismos.
Tribunal especial para revisar reclamaciones
Para gestionar las reclamaciones, Gutiérrez propuso la creación de un tribunal administrativo especializado que analice los casos en un plazo limitado.
Según explicó, los reclamantes podrían presentar documentos de propiedad, registros sucesorios y pruebas de herencia. El sistema debería estar abierto tanto a cubanos residentes en la Isla como a emigrados, cubanoamericanos y extranjeros afectados.
El dirigente señaló que existen 5.913 empresas e individuos que eran ciudadanos estadounidenses cuando sus bienes fueron confiscados y que certificaron sus pérdidas ante el Gobierno de Estados Unidos.
Tierras agrícolas y empresas confiscadas
El tratamiento de propiedades agrícolas e industriales sería diferente, según Gutiérrez, debido a que generalmente no están ocupadas como viviendas familiares.
Afirmó que muchas tierras confiscadas permanecen improductivas y señaló que la recuperación de esos bienes podría permitir nuevas inversiones, asociaciones privadas y generación de empleos.
También recordó el caso de su propia familia, cuyos centrales azucareros fueron demolidos décadas después de la confiscación. Para Gutiérrez, reconocer los derechos de propiedad no sería únicamente una reparación histórica, sino una herramienta para impulsar la recuperación económica de Cuba.
“Un futuro gobierno deberá restituir la justicia en la mayor medida posible, tanto por respeto a las víctimas como para crear la confianza necesaria para reconstruir el país”, concluyó.
