La cubana Yorlena Alfonso Cuesta figura entre cuatro extranjeros procesados en Estados Unidos por una operación que habría robado más de 40 millones de dólares a propietarios de tiempos compartidos en México, incluidas personas de la tercera edad.
Aunque fue presentada inicialmente como acusada, el expediente federal muestra que Alfonso Cuesta se declaró culpable el 22 de julio de 2026. Cinco días después, el juez David Alan Ezra aceptó la declaración, mientras el proceso permanecía pendiente de sentencia.
Así operaba la presunta estafa de tiempo compartido en México
Según el Departamento de Justicia, la red contactaba a ciudadanos estadounidenses propietarios de tiempos compartidos situados en la costa mexicana del Pacífico. Los supuestos intermediarios afirmaban haber encontrado compradores y aseguraban que el dinero de la venta ya estaba depositado en un banco mexicano.
Para liberar esos fondos, las víctimas debían pagar por adelantado impuestos, comisiones y otros gastos presuntamente exigidos por autoridades mexicanas. Después aparecían nuevas obligaciones y cantidades cada vez mayores.
Los involucrados también habrían utilizado los nombres de abogados reales y se presentaban como funcionarios de Estados Unidos o México. El uso de identidades legítimas daba credibilidad a llamadas, documentos y mensajes enviados a los propietarios.
El San Antonio Express-News reportó que la acusación identifica a seis víctimas, cinco de ellas residentes en Texas. Dos adultos mayores de San Antonio habrían entregado alrededor de 1,2 millones de dólares después de que les prometieran unos 400.000 dólares por la venta de sus propiedades.
La revisión de comunicaciones, transferencias y cuentas suele resultar determinante en estos expedientes, como ocurrió en otra investigación federal por presuntos cobros ilegales.
Sociedades y cuentas utilizadas para mover el dinero
La acusación atribuye la dirección de la operación a Christian Felipe Rodríguez Peraza, también identificado como José Mario Ochoa Rodríguez, residente en Mazatlán. Junto a él fueron imputados su esposa, Brenda Tamayo Corona (también conocida como Jazmín Oliva Chacón), el británico Michael Ian Hollands y Alfonso Cuesta.
Los fiscales sostienen que Rodríguez Peraza recurrió a Hollands y a otros participantes para trasladar el dinero de las víctimas mediante sociedades constituidas en Estados Unidos y cuentas bancarias abiertas a nombre de esas entidades.
El expediente describe una estructura diseñada para recibir, transferir y disimular el origen de los pagos. Sin embargo, los documentos públicos consultados no individualizan todas las empresas ni permiten atribuir a Alfonso Cuesta cada transferencia realizada por la red.
Tampoco establecen públicamente que la cubana controlara por sí sola los 40 millones de dólares. Esa cantidad corresponde al total que las autoridades atribuyen al grupo presuntamente encabezado por Rodríguez Peraza.
El empleo de compañías y cuentas estadounidenses para mover fondos constituye un elemento central de la acusación por lavado. En otro proceso federal, Alex Saab también admitió culpabilidad en un caso relacionado con lavado de dinero.
Los cuatro fueron acusados originalmente de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para lavar dinero y conspiración para efectuar transacciones con fondos procedentes de actividades ilegales. Las penas máximas previstas son de 20 años para cada uno de los dos primeros cargos y de 10 años para el tercero.
Cubana fue detenida en Florida y se declaró culpable
Alfonso Cuesta fue detenida el 10 de diciembre de 2024 en el Distrito Medio de Florida por una causa presentada en el Distrito Oeste de Texas. El registro judicial documentó posteriormente su traslado bajo las reglas federales de comparecencia.
El 22 de julio de 2026, un magistrado determinó que la cubana era competente para declararse culpable, que actuaba voluntariamente y que existía una base factual para admitir la declaración. El juez Ezra la aceptó formalmente el 27 de julio.
La orden pública no especifica en cuál de los cargos Alfonso Cuesta admitió responsabilidad. Por ese motivo, no puede afirmarse que se declarara culpable de las tres imputaciones originales sin consultar el acuerdo completo presentado ante el tribunal.
La acusación forma parte de varios procesos federales recientes contra ciudadanos cubanos residentes o detenidos en Florida, entre ellos el de un expiloto militar cubano acusado de fraude migratorio.
Rodríguez Peraza y Tamayo Corona permanecían identificados por las autoridades como residentes en México, mientras Hollands y Alfonso Cuesta ya habían sido capturados. Los demás imputados conservan la presunción de inocencia mientras no exista una condena o declaración de culpabilidad aceptada por el tribunal.
