Un hombre de 44 años, identificado como Gabriel Peña, fue arrestado ayer martes en Hialeah tras ser acusado de acosar repetidamente a un exsocio comercial y de instalar un dispositivo de rastreo en su vehículo.
Según Local 10, el sospechoso enfrenta cargos de acoso agravado, instalación de un dispositivo de rastreo sin consentimiento y allanamiento. Hasta este miércoles, se encontraba detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde su fianza figuraba como “por fijar”.
La policía de Doral informó que el acoso comenzó hace dos años, después de que un acuerdo comercial entre Peña y la víctima llegara a su fin, dejando una deuda de 200.000 dólares.
La víctima denunció que, desde entonces, Peña comenzó a aparecerle inesperadamente en varios lugares, exigiendo el reembolso de la deuda. Estos encuentros repetidos causaron una creciente preocupación y miedo en la víctima.
El 4 de diciembre del año pasado, la víctima recibió una alerta de que alguien estaba en la entrada de su hogar. Las imágenes de la cámara de seguridad mostraron a un hombre vestido con una gorra negra, un suéter Gymshark de manga larga negro, pantalones deportivos negros y zapatos negros.
Poco después, el celular de la víctima detectó un dispositivo de rastreo en su automóvil. Los investigadores confirmaron que el dispositivo estaba vinculado a Peña, lo que incrementó la gravedad de las acusaciones.
Tras ser detenido e informado de los cargos en su contra, Peña respondió: “¿Esto es lo que obtengo por tocar a la puerta de alguien?”. La policía detalló que el acusado había ignorado en múltiples ocasiones las solicitudes de la víctima de resolver la disputa a través de los tribunales.
El acoso agravado en el estado de Florida es un delito grave de tercer grado con penas que incluyen hasta 5 años de prisión, 5 años de libertad condicional y multas de hasta 5.000 USD.
Este delito se configura cuando el comportamiento de acoso incluye amenazas creíbles que generan un temor razonable de muerte o lesiones físicas hacia la víctima. En este caso, las acciones de Peña, que incluyeron el rastreo y las amenazas implícitas, aumentaron la gravedad de la infracción.
