Venezuela registra en 2020 más muertos a manos de las fuerzas represivas que de Covid-19

Casi 3.000 personas fueron asesinadas en Venezuela por el accionar de cuerpos policiales y militares, según el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y el Centro Gumilla.

El estudio indica que al menos 2.853 personas fueron víctimas de la letalidad de los cuerpos armados del Estado venezolano. Y resalta que se trata de “graves violaciones a los derechos humanos que pudieran constituir crímenes de lesa humanidad”.

PROVEA y el Centro Gumilla difundieron su monitoreo del 2020, en el que indicaron que la mayoría de las víctimas fueron jóvenes pobres, de entre 18 y 30 años, “un patrón de discriminación creciente contra la vida de los jóvenes venezolanos”.

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron el cuerpo policial más letal y Zulia el estado con más víctimas: 667 personas.

Una de las conclusiones más impactantes del informe es que el elevado número de víctimas por el accionar de cuerpos policiales y militares venezolanos supera a la cifra de muertos por coronavirus en el país caribeño, según las cifras oficiales del régimen sobre la pandemia.

De igual manera dicho informe hace énfasis en que las víctimas, fueron jóvenes entre 18 y 30 años, lo cual indica un patrón de discriminación que pone en riesgo la vida de las personas en esta franja etaria.

Este hecho, junto a la exclusión en el acceso a otros derechos como el de educación y trabajo entre otros, da cuenta de la creciente migración forzada de jóvenes buscando protección en otros Estados.

Cabe destacar que ni el confinamiento obligatorio decretado por el ejecutivo nacional, debido a los contagios de coronavirus, pudieron de alguna forma frenar la acción contante de los cuerpos policiales y militares.

Las miles de víctimas que deja la violencia institucional en Venezuela son consecuencia de una política de Estado, que combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisión de los abusos y la impunidad estructural dado el copamiento del sistema de administración de justicia, por parte del proyecto político oficialista.

“Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública”, señala el análisis de PROVEA.

La ONG resalta que en Venezuela “la mayoría de la población no cuenta con el padrinazgo político y, por tanto, está excluidas del acceso al derecho a una investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los posibles responsables de ejecuciones extrajudiciales”.

Casi siempre se maneja la versión de ‘presunto enfrentamiento’ y, en consecuencia, el Ministerio Público no actúa con las investigaciones que debería realizar, violando recurrentemente el debido proceso. Fuerte evidencia de la impunidad con la cual se cometen los crímenes.

En todo el 2020, el estado Zulia fue el que registró más muertes con 667, seguido de Aragua con 297. Luego aparece Bolívar con 269 muertes y Lara con 193. “En muchos de los casos, familiares o vecinos desmintieron la versión de enfrentamiento”, afirma el escrito.

PROVEA enfatiza en que la Policía Nacional Bolivariana (PNB), principalmente a través de su cuerpo élite las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), es el cuerpo policial más letal. En los primeros seis meses del año, la PNB fue responsable de 672 asesinatos, lo cual representa el 23,55% del total.

Por último, el informe destaca que en 2020 los diferentes medios de comunicación reflejaron las denuncias de 103 personas, cuyos familiares o vecinos aseguraron que habían sido detenidos vivos, pero luego aparecieron muertos.