Recientemente, se publicó la implementación de los visados de estudios a España conforme al nuevo Reglamento de Extranjería que entró en vigor el 20 de mayo de 2025. Los nuevos criterios están relacionados con las autorizaciones de estancia por estudios, movilidad de alumnos, servicios de voluntariado y actividades formativas son de particular relevancia.
Lorena Puebla Hernández, abogada en Madrid y fundadora de Proyecto Justicia, detalló las modificaciones implementadas en la gestión de visados. Estos cambios no solo afectan la antelación con la que los interesados deben presentar su solicitud, sino también las excepciones que permiten flexibilizar algunos plazos.
Uno de los aspectos más relevantes de la nueva normativa es la obligatoriedad de presentar la solicitud con una antelación mínima de dos meses respecto al inicio de los estudios. Sin embargo, se contempla la posibilidad de salvar este plazo si se justifica la necesidad de una matrícula con fechas más cercanas al inicio del curso.
También se establecen excepciones que permiten flexibilizar los plazos. En situaciones donde el proceso de admisión del centro de estudios no establezca una fecha límite o donde el centro acepte estudiantes dentro de los dos meses previos al inicio del curso, los solicitantes podrán presentar su solicitud con este plazo más reducido.
Además, otros factores como la obtención de becas o financiación externa que lleguen fuera del período indicado también se contemplan como justificaciones válidas.
La normativa también establece que los solicitantes de visado para estudios superiores deben tener al menos 17 años al momento de presentar la solicitud. A partir de los 18 años, los interesados pueden presentar la solicitud directamente desde el consulado o de manera presencial, si ya se encuentran en España.
La duración mínima de los estudios, por otro lado, debe ser de al menos 91 días, y la autorización de estancia por estudios se concederá por un máximo de un año, dependiendo de la duración oficial del curso o actividad formativa que se realice.
Otro de los puntos clave en los nuevos criterios es la acreditación de los medios económicos para la manutención del solicitante. Si bien se mantiene la necesidad de demostrar que el solicitante tiene los recursos suficientes, se ha añadido una novedad: aquellos que ya hayan abonado de antemano el alojamiento para todo el período de estancia pueden eximir la obligación de acreditar el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).
Además, si el alojamiento está garantizado por familiares directos del solicitante, se podrá acreditar esta situación mediante la presentación de la documentación correspondiente.
La normativa también exige que el solicitante cuente con un seguro médico, que deberá ser emitido por una entidad registrada en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Si el solicitante tiene un empleo, el seguro se podrá considerar cubierto mediante el alta en la Seguridad Social.
Además, las universidades públicas y privadas podrán establecer convenios de colaboración con otros centros de enseñanza para ofrecer sus programas de estudios, lo cual se contempla como una posibilidad válida para la tramitación del visado.
El sistema también permite solicitar prórrogas de estancia para aquellos estudiantes que continúen sus estudios en áreas como educación superior, formación sanitaria especializada y cursos de idiomas.
Sin embargo, se establece que, una vez agotadas las prórrogas, el solicitante deberá presentar una nueva solicitud de autorización inicial si desea continuar en el país. En este sentido, se establecen criterios específicos para la solicitud de prórrogas y modificaciones de residencia, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso.
