La organización de derechos humanos Cubalex advierte que la reforma migratoria, de ciudadanía y extranjería publicada en la Gaceta Oficial No. 39 Ordinaria de 2026 no representa una apertura plena para los cubanos residentes en el exterior, sino una reorganización de los mecanismos de control del Estado sobre la ciudadanía, la movilidad y la participación económica de la diáspora.
El análisis, revisado por Periódico Cubano, se refiere a la entrada en vigor de la Ley 171/2024 de Migración, la Ley 172/2024 de Ciudadanía, la Ley 173/2024 de Extranjería y sus respectivos reglamentos. Estas normativas fueron publicadas en la Gaceta Oficial el pasado 5 de mayo y entrarán en vigor el 1 de noviembre, 180 días después de su publicación.
Aunque el discurso oficial presenta estas normas como una modernización jurídica destinada a fortalecer los vínculos con los emigrados, Cubalex considera que su contenido confirma la profundización de prácticas históricas de vigilancia, exclusión y discrecionalidad administrativa.
La reforma aparece en un contexto marcado por la crisis económica, la necesidad urgente de divisas y la búsqueda de legitimidad internacional por parte del régimen cubano. Según la organización, el Estado intenta flexibilizar determinados mecanismos económicos sin renunciar al control político sobre los ciudadanos dentro y fuera del país.
Uno de los puntos centrales del análisis es la creación de la categoría de “residencia efectiva migratoria”. La nueva Ley de Migración establece que los ciudadanos cubanos solo tendrán la condición de residentes en el territorio nacional cuando cumplan ese requisito, determinado por la permanencia en Cuba durante la mayor parte del año anterior o, de manera excepcional, mediante pruebas de arraigo.
El reglamento concreta esa permanencia en más de 180 días naturales de estancia en el país. Aunque la norma elimina la antigua regla de los 24 meses en el exterior como límite para conservar la residencia, Cubalex alerta que el nuevo esquema deja en manos del Ministerio del Interior la valoración sobre la presencia, el arraigo y la voluntad de residir en la Isla.
Para la organización, este cambio amplía el margen discrecional de la autoridad migratoria. En la práctica, el Estado podrá decidir cuándo un ciudadano mantiene una relación suficientemente “efectiva” con su propio país. Esa facultad puede impactar el acceso a derechos administrativos, patrimoniales y económicos.
La ley sostiene que los cubanos residentes en el exterior disfrutan de los mismos derechos, deberes y garantías reconocidos a los residentes en el territorio nacional. Sin embargo, añade que ello será “de conformidad con lo establecido en las disposiciones normativas vigentes”.
La organización defensora de los derechos humanos en la Isla interpreta esa fórmula como una vía para mantener restricciones mediante reglamentos, autorizaciones y categorías migratorias.
Otro aspecto señalado es la categoría de “inversores y de negocios”, incluida dentro de los ciudadanos cubanos residentes en el exterior. Esta condición se aplicaría a quienes participen en el modelo económico cubano mediante modalidades aprobadas por la ley.
El reglamento exige una solicitud escrita y un aval del órgano, organismo o entidad cubana con la cual el solicitante mantenga relaciones comerciales o de negocios.
Por tanto, según Cubalex, no se reconoce un derecho general de los cubanos emigrados a invertir libremente en Cuba. Se crea, más bien, una vía condicionada a la aprobación estatal y a vínculos previamente aceptados por instituciones oficiales.
La organización considera que esta apertura económica no corrige la discriminación de base contra los cubanos no residentes. En lugar de eliminar las restricciones que los excluyen de actividades ordinarias como MIPYMES, trabajo por cuenta propia o cooperativas, el Estado habilita una puerta limitada para determinados inversores, bajo sus propias prioridades.
Cubalex también advierte sobre la regulación de la limitación de entrada al país para ciudadanos cubanos. La Ley de Migración reconoce formalmente el derecho a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional.
No obstante, el artículo 98 permite limitar la entrada por razones de defensa, seguridad nacional, orden interior, orden e interés público, situaciones excepcionales y otras causas que puedan representar “grave peligro para la población”.
Para la organización, esas causales son amplias, indeterminadas y susceptibles de interpretación política. La preocupación aumenta con el reglamento, que permite aplicar de oficio la limitación de entrada y ejecutar la medida de reembarque.
Esto significa que un ciudadano cubano puede arribar al país y ser devuelto sin ingresar efectivamente al territorio. La decisión puede ser adoptada por el jefe de la Dirección de Identificación, Migración, Extranjería y Ciudadanía o por un funcionario delegado.
Aunque la ley contempla la posibilidad de impugnar la medida mediante un proceso de amparo constitucional, Cubalex sostiene que esa vía no constituye una garantía preventiva ni efectiva frente a una decisión ejecutada en frontera. En la práctica, el reembarque puede funcionar como un mecanismo de exclusión territorial inmediata.
En materia de ciudadanía, la Ley 172/2024 mantiene la posibilidad de privar de la ciudadanía a quienes realicen desde el extranjero actos contra los “altos intereses políticos, económicos y sociales” de la República de Cuba. Cubalex considera que esa fórmula es amplia e indeterminada, y puede abrir espacio a decisiones discrecionales.
La organización alerta que, en casos considerados graves para la seguridad nacional, la estabilidad del Estado, las relaciones internacionales o la salud general de la población, la autoridad puede proceder sin ajustarse a las formalidades ordinarias del expediente.
Desde la perspectiva de derechos humanos, el análisis identifica posibles afectaciones a estándares internacionales. Entre ellos menciona el derecho a regresar al propio país, la libertad de circulación, la prohibición de represalias políticas, el derecho a la vida familiar, el principio de igualdad y no discriminación y las garantías judiciales efectivas.
