La legislación vigente en Florida contiene una disposición poco conocida que establece expresamente un escenario en el que el estado respaldaría la eliminación del embargo económico de Estados Unidos contra Cuba y el restablecimiento de relaciones comerciales con la Isla.
Sin embargo, el texto está lejos de plantear un levantamiento incondicional de las sanciones. La norma exige previamente la existencia de un gobierno democráticamente elegido en Cuba y establece una extensa lista de requisitos que incluyen elecciones libres, liberación de presos políticos, respeto a la propiedad privada, derechos humanos, libertad de expresión y compensación por bienes confiscados después de 1959.
El tema cobra especial relevancia en medio del debate generado por la victoria de Angie Nixon, candidata que se ha mostrado abierta a eliminar el embargo contra Cuba en las primarias demócratas para el Senado de Estados Unidos por Florida.
La representante estatal ha defendido un regreso a las políticas de acercamiento aplicadas durante el gobierno de Barack Obama y argumenta que las sanciones deberían concentrarse sobre los gobernantes autoritarios sin dificultar a la población el acceso a alimentos o servicios médicos.
La posición de Nixon ha llamado especialmente la atención en Florida, donde se concentra buena parte de la comunidad cubanoamericana y donde históricamente las políticas de presión contra La Habana han contado con un fuerte respaldo electoral.
Lo paradójico es que la propia legislación de uno de los estados más identificados con la línea dura contra el régimen cubano ya contempla desde hace décadas el eventual fin del embargo, aunque bajo condiciones políticas muy diferentes a las defendidas por Nixon.
¿Qué dice exactamente la ley de Florida sobre el embargo a Cuba?
La disposición aparece en la sección 288.854 de los Estatutos de Florida, titulada “Support for a free and independent Cuba”. El texto oficial establece como política estatal apoyar la autodeterminación del pueblo cubano y facilitar una transición pacífica hacia una democracia representativa y una economía de libre mercado.
La legislación dice que, una vez que el presidente de Estados Unidos determine que existe en Cuba un gobierno democráticamente elegido, la Legislatura de Florida respalda una política estadounidense destinada a restaurar el reconocimiento diplomático, apoyar la reintegración de Cuba a las instituciones del sistema interamericano, eliminar el embargo económico y desarrollar una relación comercial beneficiosa para ambas partes.
Más aún, la propia ley dispone que la participación de Florida en el embargo económico deberá terminar cuando el presidente envíe al Congreso la determinación de que existe un gobierno democráticamente elegido en Cuba.
Es decir, la filosofía de la ley no consiste en mantener el embargo indefinidamente, sino en utilizar las restricciones hasta que se produzcan las condiciones políticas que el propio estatuto considera necesarias para una Cuba democrática.
Esa filosofía coincide en parte con la explicación que Washington ha utilizado recientemente para justificar su política: el Departamento de Estado sostiene que las sanciones están destinadas a presionar a las estructuras del régimen y no al pueblo cubano.
Las condiciones que Cuba tendría que cumplir
La legislación de Florida es bastante específica acerca de lo que considera primero un “gobierno de transición” y después un gobierno democrático. Entre los requisitos aparecen la liberación de todos los presos políticos y cambios profundos en el aparato de seguridad.
El nuevo gobierno tendría además que comprometerse públicamente a establecer un Poder Judicial independiente, respetar derechos humanos internacionalmente reconocidos y garantizar libertad de expresión y de prensa.
También tendría que permitir elecciones libres y justas, reconocer el derecho a la propiedad privada, permitir organizaciones políticas, sociales, económicas y sindicales independientes y aceptar la presencia sin restricciones de observadores internacionales de derechos humanos.
La ley incluye incluso exigencias económicas. Cuba tendría que avanzar hacia una moneda convertible y permitir la operación de compañías privadas de telecomunicaciones y medios de comunicación.
Las propiedades confiscadas son parte esencial del asunto
Otro punto particularmente sensible para el exilio es el de las propiedades confiscadas después de la llegada de Fidel Castro al poder. La legislación de Florida exige adoptar medidas para devolver a ciudadanos estadounidenses propiedades tomadas por el gobierno cubano después del 1 de enero de 1959 o proporcionar una compensación adecuada.
El asunto dista mucho de ser puramente histórico. En marzo de 2026 volvió al debate la magnitud de las propiedades emblemáticas confiscadas por el gobierno de Fidel Castro que nunca fueron compensadas. Los tribunales estadounidenses continúan resolviendo casos relacionados con esos bienes.
En junio, la Corte Suprema permitió a ExxonMobil seguir adelante con una reclamación superior a los 1.000 millones de dólares relacionada con propiedades confiscadas en Cuba. Un mes después, dos compañías británicas consiguieron, por el contrario, una victoria judicial en una demanda presentada bajo la Ley Helms-Burton por negocios vinculados a bienes confiscados.
Esos litigios muestran por qué cualquier proceso futuro de normalización entre Washington y La Habana tendría que enfrentar uno de los problemas jurídicos más complejos de seis décadas de confrontación.
Florida endurece actualmente sus restricciones contra Cuba
La posibilidad de levantar restricciones en una Cuba democrática no significa que Florida esté relajando actualmente su política hacia La Habana. La situación es prácticamente la contraria. Desde julio de 2026 está vigente una nueva legislación de Florida que endurece las consecuencias para determinados negocios relacionados con Cuba.
La normativa amplía herramientas para actuar contra empresas que desarrollen determinadas relaciones comerciales con Cuba y otros gobiernos considerados de preocupación por el estado. Por tanto, las dos ideas coexisten en la legislación floridana: presión mientras continúe el actual sistema político cubano y eliminación de restricciones si en el futuro se establece un gobierno democrático.
Florida no puede eliminar por sí sola el embargo federal
Aunque la legislación estatal habla de eliminar el embargo económico, Florida no tiene autoridad para desmontar por sí misma el sistema federal de sanciones contra Cuba. Buena parte de ese entramado está incorporado a leyes federales, especialmente después de la aprobación en 1996 de la Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act, conocida como Ley Helms-Burton.
El propio Código de Estados Unidos contempla un mecanismo de transición. Cuando el presidente determine que existe un gobierno de transición en Cuba, puede comenzar a tomar medidas para suspender el embargo después de consultar al Congreso. La ley establece además los procedimientos correspondientes cuando exista un gobierno democráticamente elegido.
Por tanto, un eventual final completo del embargo no dependería únicamente de quién ocupe la Casa Blanca ni de una decisión tomada por el estado de Florida.
Mientras se discute su posible final, Trump lo mantiene y amplía otras sanciones
El escenario actual se encuentra muy lejos de las circunstancias contempladas por esas leyes. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) confirma que las Cuban Assets Control Regulations continúan vigentes. Además, la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Donald Trump el 1 de mayo de 2026 creó un programa adicional de sanciones relacionado con Cuba que funciona paralelamente al sistema tradicional.
La administración ha utilizado esa nueva autoridad durante los últimos meses contra funcionarios, empresas estatales y sectores estratégicos. En agosto, por ejemplo, Washington sancionó entidades y personas vinculadas a la adquisición de equipamiento militar para Cuba.
Anteriormente había dirigido medidas contra entidades financieras relacionadas con GAESA, con posibles repercusiones sobre sus relaciones bancarias internacionales. Las sanciones contra BFI y RAFIN elevaron el riesgo para entidades financieras que hagan negocios con ellas.
Y el 20 de agosto Trump decidió mantener durante otro año determinadas facultades vinculadas a Cuba bajo la Trading With the Enemy Act. La medida extiende hasta septiembre de 2027 una de las bases jurídicas históricas utilizadas por Washington en su política de sanciones contra Cuba.
El escenario previsto en las leyes de Florida y Helms-Burton es, por tanto, una hoja de ruta para una eventual transición futura y no una descripción de la política que Washington aplica actualmente.
¿Los cubanos en EEUU quieren mantener el embargo?
Aquí aparece otra aparente contradicción. La mejor serie histórica disponible sobre las opiniones de los cubanoamericanos es el Cuba Poll de Florida International University (FIU), que estudia estas posiciones desde 1991.
Es importante hacer una precisión: no existe una encuesta reciente equivalente que sea representativa de absolutamente todos los cubanos residentes en Estados Unidos. Los estudios más citados se concentran principalmente en la numerosa comunidad cubanoamericana del sur de Florida.
Por ello, los resultados no deben presentarse como si describieran matemáticamente a cada cubano residente en EEUU. En la encuesta de FIU de 2024, realizada entre 1.001 cubanoamericanos de Miami-Dade, aproximadamente el 55% apoyaba continuar el embargo.
Ese mismo estudio fue el que mostró además un fuerte respaldo electoral a Donald Trump entre los cubanoamericanos del condado, aunque acompañado de posiciones más moderadas en algunos asuntos migratorios. Los resultados de la encuesta de FIU mostraron esas contradicciones dentro del electorado cubanoamericano.
Pero hay un dato todavía más interesante: una mayoría de los consultados puede considerar que el embargo no ha conseguido sus objetivos y, al mismo tiempo, apoyar su continuidad. Ese fenómeno tampoco es nuevo. Encuestas anteriores de FIU ya habían mostrado una mayoría favorable a mantener el embargo pese a considerar insuficientes sus resultados.
En otras palabras, para una parte importante de los cubanoamericanos las preguntas “¿ha funcionado el embargo?” y “¿debe mantenerse?” reciben respuestas diferentes.
Los nacidos fuera de Cuba piensan diferente
Las diferencias se vuelven especialmente fuertes dependiendo del lugar de nacimiento y la afiliación política. En la encuesta de FIU de 2024, el apoyo a continuar el embargo descendía a aproximadamente 43% entre los cubanoamericanos nacidos fuera de Cuba.
Entre los demócratas cubanoamericanos el respaldo era todavía considerablemente menor que entre los republicanos. La evolución histórica también muestra grandes oscilaciones. Durante el acercamiento iniciado por Barack Obama cayó de manera importante el apoyo a las sanciones, para volver a subir posteriormente durante el deterioro de las relaciones entre Washington y La Habana.
Esto indica que la opinión de la comunidad cubanoamericana no es estática: cambia con las generaciones, las oleadas migratorias, la afiliación partidista y los acontecimientos políticos dentro de Cuba.
Apoyar el embargo no significa rechazar todo comercio con Cuba
Otra de las conclusiones más interesantes de los estudios de FIU es que apoyar el embargo no necesariamente implica respaldar todas las restricciones existentes.
Una mayoría de cubanoamericanos ha apoyado históricamente permitir determinadas ventas de alimentos y medicamentos desde Estados Unidos hacia Cuba. Incluso encuestas realizadas durante períodos de mayor respaldo al embargo encontraron simultáneamente apoyo a la venta de alimentos y medicinas y a determinadas formas de acercamiento con la Isla.
Ese matiz guarda cierta relación con el argumento utilizado por Angie Nixon: sancionar a las estructuras de poder sin impedir operaciones que puedan beneficiar directamente a los ciudadanos. Sin embargo, de ahí no se desprende que la mayoría de los cubanoamericanos respalde eliminar completamente el embargo.
Angie Nixon entra justamente en medio de esa contradicción
Nixon se ha colocado en el centro de este debate. Durante una entrevista con FOX 13 Tampa Bay en julio, defendió la restauración de políticas de la era Obama y, cuando se le preguntó directamente si apoyaría levantar el embargo comercial, dijo estar abierta a considerarlo.
Su argumento es que las sanciones deberían dirigirse contra dictadores y gobiernos autoritarios, pero no impedir que la población tenga acceso a alimentos o servicios de salud.
La postura podría encontrar mayor receptividad entre cubanoamericanos jóvenes, demócratas y nacidos fuera de Cuba, sectores donde el apoyo al embargo suele ser inferior. Pero también la expone políticamente ante una comunidad en la que la mayoría registrada por la última encuesta de FIU todavía respaldaba mantenerlo.
Además, el contexto de 2026 es especialmente complicado para una propuesta de acercamiento. Washington atraviesa uno de sus períodos recientes de mayor presión económica sobre La Habana. En los últimos meses ha ampliado sanciones contra funcionarios, empresas, bancos y sectores económicos, mientras Trump ha enviado incluso mensajes aparentemente contradictorios: en julio aseguró que “Cuba se está acercando” a Estados Unidos mientras su gobierno continuaba endureciendo las sanciones.
Eso convierte la posición de Nixon en algo más que una discusión teórica sobre una política vigente desde hace seis décadas. Si Cuba se convierte en un tema relevante de la campaña por el Senado de Florida, los votantes tendrán ante sí dos debates diferentes: si el embargo debería mantenerse ahora y bajo qué circunstancias debería desaparecer algún día.
La legislación de Florida ya responde parcialmente la segunda pregunta. El estado contempla expresamente el final del embargo. Pero, según el texto vigente, ese final llegaría después, y no antes, de una transición democrática en Cuba.
