Activista Lizandra Góngora pide ayuda desde prisión para poder hablar con sus hijos

La activista Lizandra Góngora podría pasar varios años en prisión (Foto: Lizandra Góngora-Facebook)

La activista Lizandra Góngora, detenida por participar en las protestas masivas del pasado 11 de julio, escribió una desgarradora carta en la que pide ayuda para poder hablar con sus hijos.

“Necesito ayuda de alguien que interceda por mi persona, no tengo derecho a hacer llamadas a mis hijos, un castigo que no merezco por solo pedir estar aislada por algunos días, por favor ayúdenme”, dice la carta de Góngora, quien está recluida en la prisión para mujeres del Guatao.

En otro fragmento de la carta menciona que tiene problemas de salud y tampoco tiene derecho a recibir visitas, además de que le niegan el traslado a otra prisión para estar más cerca de su familia.

“He hablado con todos los jefes y me lo niegan sin motivo alguno, después de comprometerse a lo contrario, ¡Ayúdenme!”, expresa otra parte de la misiva compartida en Facebook por la activista Diasniurka Salcedo Verdecia.

A principios de este mes, Góngora recibió la amenaza de ser encerrada en una celda de castigo por mandar una carta donde ratificada sus principios y rechazada cualquier intento de diálogo con el régimen castrista.

“Con la dictadura que gobierna ilegalmente en Cuba no se dialoga, no me importa quién flaquee ante las situaciones difíciles por las que estamos pasando. Es mi forma de pensar y deseo que se respete”, decía la carta.

Ante la insistencia del gobierno en llamar mercenarios a los manifestantes del 11J, Góngora también escribió “nadie me obligó, nadie me compró y mucho menos me pagaron por nada”.

Tras ser detenida el pasado 22 de julio por participar en el estallido social contra el castrismo, la activista fue acusada de cometer los delitos de “sabotaje” y “desorden público”.

El régimen, sin pruebas, la señala como la responsable de los daños registrados en una tienda en moneda libremente convertible (MLC) en el municipio de Güira de Melena, Artemisa.

Además, se le acusa de haber golpeado a un agente de la Seguridad del Estado identificado como “Oficial Pupo”, pero tampoco hay evidencias de esta agresión.

“Le están fabricando acusaciones falsas. Sobre este oficial, sabemos de primera instancia que también acusa a otros ciudadanos de Güira de Melena en casos similares, después de haber participado en arrestos violentos contra manifestantes del 11J”, denunció en Facebook el activista Ezequiel Ignacio Álvarez Sosa.

La suma de sentencias por los delitos de “agresión”, “sabotaje” y “desorden público” podrían provocar que la opositora esté más de 10 años en la prisión y alejada de sus cinco hijos.