El Instituto Nacional de Migración (INM) de México ha comenzado un proceso de censado de los migrantes que conforman la caravana denominada “Éxodo de Justicia”, un contingente compuesto principalmente por personas provenientes de Cuba, Venezuela, Haití, Ecuador y Centroamérica.
El objetivo principal de este censo es registrar a los migrantes, conocer el tipo de trámite que han realizado para regularizar su estatus migratorio y ofrecerles opciones viables para su situación legal y laboral dentro de México.
La caravana, que partió desde Tapachula, en el estado de Chiapas, se desplaza con la esperanza de llegar a la Ciudad de México. En la capital, los migrantes buscan gestionar documentos que les permitan acceder a mejores oportunidades laborales y trabajar legalmente en el país.
Las autoridades mexicanas han informado que las alternativas disponibles para estos migrantes pueden incluir desde la repatriación a sus países de origen hasta la posibilidad de obtener empleo formal dentro del territorio mexicano.
El censo se realizó en la unidad deportiva “Salomón González Blanco” en Escuintla, donde el personal del INM y del Grupo Beta Sur pidió a los migrantes organizarse para confirmar sus datos personales y el tipo de trámite iniciado.
Durante el proceso, algunos de los indocumentados expresaron su temor a posibles engaños o a ser rechazados, pero decidieron colaborar en espera de una resolución. Este registro es una de las medidas tomadas por las autoridades para controlar la situación migratoria en el sur de México, especialmente después de meses de incertidumbre y estancamiento en la frontera sur del país.
En medio del registro surgieron historias conmovedoras como la de una familia ecuatoriana que solicitó públicamente la condonación de una multa impuesta para su regularización, debido a la difícil situación económica que enfrentan, especialmente con su bebé de ocho meses, nacida en México.
El “Éxodo de Justicia” está compuesto por cerca de 300 personas provenientes de al menos 12 nacionalidades, quienes durante meses permanecieron varados en la frontera sur de México, sin éxito en su intento de regularizar su situación migratoria.
Muchos de ellos, afectados por las políticas migratorias más estrictas de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, han decidido cambiar sus planes y buscar nuevas oportunidades en ciudades mexicanas como Monterrey y Ciudad de México.
En estas ciudades, los migrantes planean acudir a representaciones diplomáticas de países como Canadá, Alemania, Australia y Suiza, que ofrecen visas de trabajo. Sin embargo, este proceso no está exento de retos, ya que enfrentan la saturación de oficinas de asilo, trabas burocráticas y riesgos de violencia y extorsión durante su tránsito.
A pocas horas del inicio de esta nueva caravana migrante, autoridades mexicanas arrestaron al activista mexicano Luis García Villagrán, organizador de la caravana, por su presunta implicación en delitos de tráfico de personas y delincuencia organizada.
García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana y defensor de los derechos humanos de los migrantes, fue detenido en Tapachula, Chiapas, mientras organizaba el contingente. La detención ha generado preocupación sobre las implicaciones para el futuro de la movilización y la situación legal de los migrantes involucrados.
El activista fue arrestado en la colonia Los Naranjos, en las inmediaciones del Parque Bicentenario, y posteriormente trasladado al Centro de Justicia Penal Federal de Tapachula.
