El régimen cubano respondió a la orden ejecutiva firmada por Donald Trump para ampliar las sanciones contra La Habana y calificó la medida como “ridícula”.
La reacción llegó a través del canciller castrista Bruno Rodríguez Parrilla, quien dijo no temer a nuevas sanciones y en ese sentido rechazó la decisión de Washington en medio de una nueva escalada de tensiones entre ambos gobiernos.
Rodríguez Parrilla utilizó sus redes sociales para presentar las sanciones como una supuesta respuesta de EEUU a la movilización convocada por el régimen este 1.º de mayo frente a la embajada estadounidense en La Habana.
Según el canciller, resulta “repudiable pero curioso y ridículo” que la Casa Blanca actúe después de un acto político encabezado por Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel en La Habana.
El funcionario aseguró que más de medio millón de personas participaron en el desfile en la capital. También afirmó que seis millones de cubanos, equivalentes al 81% de la población mayor de 16 años, habrían firmado iniciativas oficiales en defensa de la Patria a la cual los comunistas ven “amenazada militarmente”.
En su mensaje, Rodríguez acusó a la administración Trump de aplicar “medidas coercitivas unilaterales ilegales y abusivas” contra Cuba. Además, vinculó la decisión con el bloqueo y con lo que denominó “cerco energético”, dos argumentos usados de forma recurrente por la dictadura para justificar la crisis interna de la isla.
El canciller elevó el tono de la respuesta y aseguró que el régimen no será intimidado por Washington. “La Patria, la Revolución y el Socialismo se defienden con las ideas y con las armas. No van a amedrentarnos”, escribió, en una frase que confirma el discurso confrontacional del aparato político cubano.
La respuesta de La Habana se produjo después de que Trump firmara una orden ejecutiva para endurecer las sanciones contra el régimen cubano. La Casa Blanca no divulgó todavía una lista concreta de personas o entidades afectadas, pero estableció un marco amplio para futuras designaciones.
La medida permitiría sancionar a funcionarios del régimen, integrantes del aparato de seguridad, directivos de empresas estatales y actores vinculados a sectores estratégicos. Entre ellos figuran energía, finanzas, defensa y minería, áreas controladas por estructuras cercanas al poder político y militar.
La orden también contempla acciones contra personas señaladas por violaciones de derechos humanos, corrupción o apoyo material y financiero al Estado cubano.
Otro punto relevante es la posibilidad de aplicar sanciones secundarias a empresas y bancos extranjeros que mantengan vínculos con los sancionados.
El documento autoriza el bloqueo de bienes en territorio estadounidense, la prohibición de transacciones y restricciones migratorias. También permite negar la entrada a Estados Unidos a personas incluidas en las futuras listas y extender medidas a familiares directos de los sancionados, incluso sin notificación previa.
La Casa Blanca justificó la orden por la represión interna en Cuba y por lo que considera una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
El impacto concreto dependerá de las designaciones que emitan el Departamento de Estado y el Tesoro en los próximos días, cuando se identifiquen los nombres y entidades que quedarán bajo sanciones.