Contabilizan en enero la menor cifra de migrantes cruzando la frontera sur de EEUU en dos años

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó que durante el mes de enero se contabilizó la menor cifra de migrantes cruzando la frontera sur de EEUU para un mes durante los últimos dos años. El hecho es visto por la administración de Joe Biden como un éxito de la nueva política migratoria hacia cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos.

Por ejemplo, según datos revelados a la agencia EFE, el pasado 31 de enero, se produjeron 95 detenciones en conjunto de los ciudadanos de las cuatro nacionalidades antes mencionadas. Ello representa una caída del 95% en comparación con los 1.231 arrestos diarios reportados al inicio del mes.

El marcado descenso se debe a la expansión del Título 42, vigente desde la administración de Donald Trump y que permite la deportación exprés de los migrantes que crucen la frontera sin autorización.

El uso del Título 42 por parte del Gobierno de Biden ha sido criticado ampliamente por organizaciones de derechos humanos e incluso por algunos miembros del Partido Demócrata. Un grupo de 80 congresistas demócratas, encabezados por el senador Robert Menéndez, pidió al Ejecutivo que revocara la decisión de expulsar a las personas de Cuba, Nicaragua y Haití que crucen la frontera con México.

El DHS ha defendido su decisión, alegando que tiene que seguir aplicando el programa por orden del Tribunal Supremo, que en diciembre de 2022 aceptó una petición de una veintena de estados gobernados por republicanos y determinó que el Título 42 debía seguir activo.

Además, los nacionales de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití quedaron persuadidos de hacer el cruce ilegal, ya que ahora se le brinda una posibilidad de migrar hacia EEUU de una forma segura, ordenada y legal mediante el otorgamiento de 30.000 visas humanitarias (parole) al mes.

Para postular al proceso de visas, los interesados deben contar con un patrocinador en EEUU que se comprometa a hacerse cargo de sus gastos de manutención, viviendas y emergencia médicas, evitando que los migrantes sean una carga pública para el gobierno federal.

Todo ello lo demuestran en la presentación del formulario I-134A, donde se comprometen ante la ley con el cumplimiento de las normativas.

Los que no se acojan a esta posibilidad migratoria serán expulsados hacia México y se enfrentan a un veto de cinco años, tiempo durante el cual no podrán ingresar a EEUU por la vía legal.