El registro de Prisoners Defenders (PD) indica que Cuba inició el 2026 con un número inédito y preocupante de presos políticos. Según lo contabilizado hasta el mes de enero, unas 1.207 personas se encuentran en las cárceles del país por motivos relacionados con la oposición al régimen comunista.
La cifra, el mayor número registrado por PD, refleja un aumento sostenido de la represión en un país sumido en una crisis económica y social sin precedentes, en un contexto de apagones prolongados y escasez de combustible.
Solo en el primer mes de 2026, 18 personas fueron privadas de su libertad por motivos políticos. El informe también revela una práctica alarmante: la negación de atención médica a estos detenidos como forma de castigo.
Al menos 463 de los prisioneros padecen enfermedades graves, y 42 presentan trastornos mentales, agravados por el hacinamiento, la mala alimentación y la falta de tratamiento adecuado.
En casos extremos, los presos han sufrido golpizas, aislamiento prolongado y traslados arbitrarios a celdas de castigo, incluso aquellos con diagnósticos oncológicos o cardiovasculares.
Entre los detenidos hay una amplia variedad de perfiles: jóvenes, adultos mayores, artistas, activistas y ciudadanos sin proyección pública. Además, se cuentan 128 mujeres y decenas de personas condenadas por “sedición”, muchas de ellas con penas de más de una década de prisión.
Según el informe, la población penitenciaria por causas políticas ha alcanzado una proporción de 923 presos por cada 100.000 habitantes, lo que resulta alarmante para un país de alrededor de 10 millones de personas.
La represión en Cuba no solo se manifiesta en detenciones visibles. Uno de los ejes clave del control del régimen es la vigilancia sistemática de las redes sociales. Plataformas como Facebook y WhatsApp se han convertido en espacios de alto riesgo para los ciudadanos cubanos.
Uno de los casos más preocupantes detectados por PD se encuentra Ankeily de la Caridad Guerra Fis, un joven de 23 años detenido en La Habana tras transmitir críticas al régimen en vivo.
Este muchacho, quien padece VIH, epilepsia y problemas de salud mental, permanece incomunicado y sin acceso adecuado a medicamentos, acusado de “propaganda contra el orden constitucional” sin que se haya celebrado juicio.
En Santiago de Cuba, jóvenes como Enrique Ramos Bosch fueron detenidos tras denunciar los apagones y cuestionar al presidente Miguel Díaz-Canel. Activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) también han sido objeto de detenciones arbitrarias, allanamientos sin órdenes judiciales y denuncias de violencia contra familiares.
Los miembros detenidos de dicha organización opositora son Roilán Álvarez Rensoler, Dariel Calderín Rensoler, Jorge Luis Hernández Haber y Jordan Méndez Martínez.
Prisoners Defenders también informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares a favor del preso político Duannis Dabel León Taboada y de su madre, Yenisey Taboada Ortiz, al considerar que ambos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.
A través del informe, la organización también lamentó la muerte del preso político Lázaro García Ríos, falleció el 22 de enero mientras cumplía una condena de 20 años de prisión, impuesta en 2022 por los cargos de “propaganda enemiga” y “sabotaje”.
Su caso estuvo marcado por serias irregularidades, ya que fue detenido sin orden de arresto y permaneció en prisión provisional sin la debida tutela judicial ni acceso a un abogado independiente, en un proceso que estuvo claramente motivado por su oposición al régimen.
Yo creo que por protestar por el régimen no hay que meter a una persona en la cárcel m.