Cuba inició el año 2023 con 1.077 presos políticos en las diferentes cárceles del castrismo

El ambiente represivo en Cuba es uno de los factores que ha motivado la migración de miles de cubanos en los últimos meses. (Foto: Periódico Cubano)

Cuba inició el 2023 con 1.077 presos políticos encerrados en las diferentes cárceles del régimen castrista, según el informe mensual emitido por la organización Prisoners Defenders (PD).

El documento correspondiente a enero precisó que en este mes ingresaron a la lista de PD 37 nuevos casos de personas detenidas por no compartir las ideas del sistema comunista en la Isla. Asimismo, se identificó la liberación de 17 prisioneros por el cumplimiento íntegro de sus respectivas sanciones.

Del mencionado total, 36 son menores de edad de los cuales seis todavía se encuentran bajo un proceso penal. “Buena parte de ellos están en prisiones presuntamente para menores, pero son centros de carácter totalmente penitenciario que eufemísticamente se denominan ‘Escuelas de Formación Integral’”, indicó PD.

El régimen castrista también tiene bajo custodia a 209 personas acusadas de sedición por participar en las últimas protestas ocurridas en la Isla, como el estallido social del 11 de julio y las manifestaciones por los constantes apagones del año pasado.

Prisoners Defenders también registró los casos de 125 mujeres bajo condena por motivos políticos. Entre ellas se encuentran varias del género trans encarceladas con hombres y con el riesgo de sufrir agresiones de índole sexual.

En el informe se recordó que la falta del debido proceso y la defensa efectiva han facilitado al régimen una represión generalizada sobre la población, a ello se le suma un Código Penal donde se criminaliza un abanico interminable de motivos para la persecución política.

La mencionada organización identificó amplios patrones de licencia para el desarrollo de actos represivos contra los residentes en la Mayor de las Antillas. Por ejemplo, la falta de abogados que no dependan de un salario otorgado por el Estado.

La existencia de jueces bajo control político, así como el uso de “testigos” dependientes del Partido Comunista y que son articuladas con el fraudulento uso pruebas “periciales”, permitidas únicamente al Ministerio de Interior.

Prisoners Defenders también alertó sobre procesos penales que criminalizan los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, manifestación o asociación, hasta la salida o entrada del país y la privacidad, entre otros.

“Uso generalizado de procedimientos penales sumarios y abreviados violatorios, hasta el punto de amparar en su definición la ausencia de defensa, el derecho a la contradicción o la mera comunicación de la acusación a las víctimas, al igual que cualquier atisbo de igualdad de armas jurídicas entre las partes”, es otro de los motivos que facilita el comportamiento represivo del castrismo.