El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) contabilizó 609 protestas en Cuba durante febrero de 2025, un descenso del 11% respecto a las 684 reportadas en enero. La reducción también representa una baja del 8% en comparación con el mismo mes de 2024.
Según el OCC, esta disminución no implica una menor conflictividad social, sino una limitación en los reportes debido a los apagones prolongados y la restricción del acceso a internet.
La crisis eléctrica en la Isla, considerada la peor en décadas, dificultó la denuncia de incidentes a través de las redes sociales. Además, la decisión de Estados Unidos de congelar el apoyo financiero a activistas y periodistas independientes impactó en la cobertura de las protestas.
Las principales causas de las protestas en febrero fueron la escasez de alimentos y la crisis inflacionaria, con 145 denuncias registradas. La población manifestó su desesperación por la reducción de la canasta básica y el encarecimiento de los productos en los mercados, mientras que el Gobierno prioriza la venta en establecimientos en divisas, inaccesibles para la mayoría de los cubanos.
Los apagones, que en algunos casos superaron las 22 horas diarias, también generaron un aumento en las denuncias sobre otros servicios públicos, acumulando 143 reportes. Las fallas en el suministro eléctrico provocaron la indignación de la población, reflejada incluso en comentarios de periodistas oficialistas.
A esta crisis se sumó un trágico incidente en La Habana, donde un niño murió al caer en una alcantarilla cubierta por el agua acumulada de lluvias y basura sin recoger.
El informe del OCC destaca 78 desafíos directos al Estado policial, que superaron las 67 acciones represivas registradas en el mes. Se documentaron protestas presenciales con carteles antigubernamentales, artículos críticos de intelectuales y publicaciones en redes sociales que denunciaban el deterioro de las condiciones de vida. Además, se reportaron incendios en cañaverales y un parque fotovoltaico, sugiriendo posibles acciones de sabotaje contra la gestión del régimen.
Las acciones represivas incluyeron 61 incidentes, entre ellos arrestos arbitrarios, amenazas y golpizas a opositores. Se denunciaron seis muertes de prisioneros bajo custodia, incluida la de Yoleisi Oviedo Rodríguez, una de las presas políticas del 11J, por falta de atención médica.
La inseguridad ciudadana generó 70 protestas o denuncias, con 11 casos de homicidios, siete desapariciones y 25 reportes de robos y asaltos. Destacó el aumento del uso de armas de fuego en crímenes y la preocupante inseguridad para menores, reflejada en el secuestro de una niña en La Habana.
Los problemas sociales acumularon 61 denuncias en febrero. Entre los principales temas estuvieron la expansión del consumo de drogas, el castigo a jóvenes que se resisten a cumplir el servicio militar y la crisis de valores generada por la precariedad y la represión. Además, nuevos datos oficiales revelaron que la población cubana ha disminuido a 9,7 millones de habitantes, un descenso significativo respecto a los 11,1 millones registrados en 2021.
En el sector de la salud, 43 denuncias evidenciaron la falta de insumos médicos y medicamentos. Uno de los casos más notorios fue el del niño Damir Ortiz, quien requiere una visa humanitaria para recibir tratamiento en el extranjero, pero el Gobierno se ha negado a expedir un documento que certifique la falta de opciones en la Isla.
La creciente crisis multidimensional ha alimentado un sentimiento de rechazo hacia el Gobierno. La exigencia de cambios se ha convertido en un clamor popular, reflejado en redes sociales y declaraciones de figuras de la cultura y la sociedad civil. Freddys Núñez Estenoz, director de Teatro del Viento, expresó en una publicación viral: “Veintidós horas sin electricidad cada día… ¿Cuándo termina esta agonía? ¿Cuándo la vida en Cuba será normal?”.
