Un cubano identificado como Juan Carlos Font Agüero, de 59 años, permanece detenido en una prisión del Reino de Esuatini, al sur de África, después de que las autoridades cubanas se negaran a admitirlo tras su deportación desde Estados Unidos, informó ayer jueves Martí Noticias.
El antillano residía en EEUU desde 2003 y cumplió 17 años de condena por asesinato en segundo grado. Tras su liberación, Washington inició el trámite de deportación a su país de origen, pero el gobierno cubano argumentó que el hombre había perdido derechos ciudadanos por residir fuera de la Isla durante más de dos décadas.
Ante la negativa del régimen, Font Agüero fue trasladado por varios países en los últimos meses hasta terminar en territorio africano. Su hijastra, Yessica de la Caridad García Negrín, denunció que el proceso se realizó sin notificación ni acompañamiento consular.
La familia también denunció que el hombre estuvo con “los ojos vendados” durante todos los traslados. Además, en la prisión donde se encuentra no recibe la atención médica necesaria para sus problemas de próstata.
Una fuente del gobierno estadounidense, citada por Martí Noticias, sostuvo que se intentó en varias ocasiones devolver al ciudadano a Cuba, pero La Habana negó su entrada. El Departamento de Estado reafirmó que los gobiernos deben aceptar el retorno de sus nacionales y que “no es un tema para debate ni negociación”.
Hasta el cierre, las autoridades cubanas no han ofrecido respuesta pública. Martí Noticias indicó que tampoco obtuvo comentarios de la Embajada de Cuba en Sudáfrica, una nación fronteriza con el pequeño reino.
En huelga de hambre cubano deportado a Esuatini bajo programa de “tercer país”
Roberto Mosquera del Peral, un cubano deportado desde EEUU al mismo país africano, comenzó una huelga de hambre mientras permanece detenido en una prisión de máxima seguridad, informó la agencia AP.
Mosquera fue uno de los cinco hombres enviados a Esuatini en julio dentro del controvertido programa de deportaciones a terceros países implementado por la administración de Donald Trump. Esta medida también se ha aplicado a migrantes de Jamaica, Laos, Vietnam y Yemen.
Los deportados por Washington en este esquema son migrantes con antecedentes penales a los que sus países de origen no aceptan de regreso. En el caso de Mosquera, su historial incluye una condena en 1989 a nueve años por intento de asesinato; tras salir, volvió a prisión en 2009 por robo de autos y agresión a un agente de seguridad.
Familiares de Mosquera del peral reportan que, en videollamadas desde la cárcel, lo han visto con pérdida marcada de peso y caída del cabello. Sus abogados alegaron rehabilitación y pidieron frenar la expulsión, pero las autoridades migratorias decidieron proceder con la expulsión.
