Cubano en Pinar del Río graba amenazas por parte de la Seguridad del Estado

Un cubano fue amenazado por gentes de la Seguridad del Estado que visitaron su casa en Minas de Matahambre, en Pinar del Río, logrando grabar un audio del encuentro.

El cubano Pedro Víctor Serrano Díaz apenas intentó hablar cuando los funcionarios ya empezaban a intimidarlo.

“Cuba está en guerra y, en situaciones excepcionales, se toman medidas excepcionales (…); tú eres muy joven para marcarte desde ahora (…); lo que queremos es alertarte para que mañana no sea peor”, se escucha en el audio compartido por CubaNet.

El joven no podía hablar más que para preguntar o aclarar cosas y aunque su madre se encontraba en el domicilio también, ella tampoco sabía qué hacer ante la intimidación de los agentes.

Los oficiales mantuvieron constante la amenaza de aplicarle el Decreto-Ley 370, mejor conocido como “Ley Azote”, debido a una queja que el joven había publicado previamente en su perfil de Facebook.

Los tres funcionarios le leyeron el artículo 68 de dicha Ley, que establece que se considera una contravención el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para difundir información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.

Multa injustificada

La denuncia que el joven publicó en sus redes sociales fue por un incidente ocurrido el pasado 8 de abril, cuando recibió una multa por supuestamente no llevar tapabocas (nasobuco) puesto.

Pedro explicó al oficial que llevaba más de tres horas con el accesorio y que estaba húmedo, por lo que se lo quitó un momento al pasar por donde no había nadie. Pese a su explicación fue multado con 50 pesos (2 CUC o dólares) y chantajeado con aumentarla a 120 (5 CUC) si protestaba.

Cubano en Pinar del Río graba amenazas por parte de la Seguridad del Estado (PEDRO VÍCTOR SERRANO DÍAZ/FACEBOOK).

“Yo me pregunto, ¿desde cuándo dar tu opinión es una falta de respeto? Estoy cansado de tener voz y no poder usarla (…) el tono autoritario y prepotente que usó el policía me hace pensar que solo la intimidación es la vía que tienen para tener un poco de protagonismo, no somos los de antes, pensamos, sabemos, interactuamos y queremos ser escuchados, no oprimidos, ni anulados”, escribió.

Desde entonces, Pedro quedó en la mira de la SE de Cuba e incluso pocos días después, fue citado para la estación policial de su localidad.

Pedro declaró que en el interrogatorio los agentes del Ministerio del Interior (MININT) intentaron persuadirlo para que no continuara publicando sus críticas en redes sociales, a lo que hizo caso omiso, por lo que este jueves lo acosaron en un tono más amenazante.

“Lo que para ti es un hobbie para mí no es un hobbie porque estás publicando algo que habla del presidente de este país, como lo que publicó Ota-Ola, estás incitando a un cacerolazo, pero además de eso estás cuestionando la actuación de un policía (…) a lo que nosotros le podemos llamar, entre otras cosas, ´información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas´. La integridad de las personas, dígase el presidente de este país, dígase el policía; y contrario al interés social y las buenas costumbres, la incitación al cacerolazo”, alegó el represor.

Pedro tiene 27 años y no pertenece a ningún grupo opositor dentro de Cuba, sin embargo, protesta a través de sus redes sociales y expresa su inconformidad por los carece su pueblo y todos los abusos de régimen en contra de la ciudadanía y en esta oportunidad, a él.

Decreto-Ley 370 o “Ley Azote”

El Decreto Ley 370 ha sido señalado por organizaciones y activistas cubanos como una violación total a la libertad de expresión en Cuba.

Esta herramienta jurídica permite al régimen de la Isla penalizar a cualquiera cuya opinión, incluso en medios informales y personales como las redes sociales, resulte adversa al gobierno, sus instituciones, personalidades o ideales.

Más de una decena de activistas, artistas, escritores y periodistas han resultado multados bajo el amparo de esta ley, que coarta por completo la privacidad y la libertad de expresión.

Las sanciones, en apariencia arbitrarias, han impulsado a los opositores al régimen a promover una campaña en redes sociales en la que manifiestan su rechazo al estatuto comunista.

Asimismo, los activistas aseguraron que no pagaran las multas que les impone el régimen de Cuba, sin embargo, esta decisión podría llevarlos a prisión, si así lo consideran las autoridades.