La cláusula más delicada de los contratos filtrados entre Mipymes privadas que importan combustible desde Estados Unidos y las empresas estatales Cupet y Cimex no es solo la tarifa en dólares por litro, sino la pérdida aceptada dentro del sistema de recepción, almacenamiento y distribución del combustible.
En los documentos examinados por Periódico Cubano en colaboración con el activista Darwin Santana se observa cómo las empresas estatales condicionan a las Mipymes a tener que utilizar su infraestructura para importar y consumir el petróleo o la gasolina que importan.
El modelo contractual de Cimex impone como “condición normal de operación” una variación técnica de hasta 1% cuando la medición del combustible se haga manualmente mediante vara. Además, se obliga a la propia Mipyme a declarar que conoce y acepta esa diferencia como parte del balance volumétrico.
Eso quiere decir que la Mipymes acepta que desaparezca el 1% del combustible que llega a Cuba en isotanques sellados. Por ejemplo, en un cargamento de 24.000 litros Cimex no se haría responsable si se pierden 240 litros.
Sobre el papel, la explicación técnica existe. En el manejo de combustibles, las variaciones de volumen pueden producirse por cambios de temperatura, dilatación o contracción del producto, tipo de tanque, método de medición y condiciones del almacenamiento.
Pero el problema no está solo en que exista una merma posible, sino en que ese margen de pérdida queda normalizado dentro de un sistema estatal opaco y sin verdadera capacidad de control para el privado.
El contrato de Cimex establece que la empresa estatal custodia el combustible una vez descargado en el servicentro, asume los riesgos por siniestro dentro de la instalación, pero al mismo tiempo no responde por las “mermas naturales estándar” previstas en las normas técnicas.
Es decir, el privado sigue siendo dueño del combustible, pero acepta desde el inicio que una parte de ese producto puede desaparecer sin que ello implique responsabilidad contractual directa para la entidad estatal encargada del despacho.
Ese punto resulta todavía más grave cuando se cruza con el contrato de depósito de Cupet. Allí se establece que las mermas naturales durante el tiempo de almacenamiento corren por cuenta del depositante y se descuentan del total almacenado.
Dicho de otro modo, el empresario privado paga por depositar el combustible, paga por moverlo y asumirá la pérdida si una parte del volumen se desaparece dentro del sistema. El Estado cobra por custodiar, pero no garantiza plenamente que cada litro entregado coincida con cada litro recibido.
El volumen de 240 litros, por cada isotanque, alcanza para abastecer varios vehículos ligeros durante días o para sostener operaciones continuas de automóviles estatales con alto consumo. Si se multiplica por varias importaciones de distintas Mipymes, el volumen acumulado se vuelve todavía más significativo.
Allí donde el contrato acepta una pérdida y descarga el costo sobre el cliente privado, surge un espacio propicio para desvíos, corrupción y robo de combustible. No hay en los contratos un mecanismo independiente de fiscalización que despeje de forma concluyente esas sospechas.
En un país con escasez crónica de combustible, crisis energética y fuerte presencia de vehículos oficiales en funciones administrativas, policiales y de control, cualquier margen de pérdida tolerado por contrato adquiere una dimensión política.
No se trata solo de una diferencia contable: son litros que salen del patrimonio privado y entran en una zona de incertidumbre. Incluso pueden ser utilizados para patrullas del Ministerio del Interior, principal encargado de la represión en Cuba.
