Rafael Luján, de 37 años, terminó bajo arresto ayer martes en la ciudad de Hialeah por cargos de homicidio en primer grado, luego de que su esposa muriera debido a una sobredosis de cocaína.
Según un informe de las autoridades, compartido por Local 10, el sospechoso habría suministrado la sustancia a la mujer el pasado 12 de mayo, cuando ambos se encontraban en una vivienda, ubicada en la cuadra 3500 de West 89th Place.
Tras una llamada de auxilio, agentes arribaron al lugar, donde encontraron a la mujer en estado inconsciente. Personal de bomberos y rescate de Hialeah la trasladó al Hospital General de Palmetto para una atención de urgencia.
A pesar de los esfuerzos médicos, la mujer falleció el 1 de junio. La Oficina del Médico Forense de Miami-Dade determinó que la causa del deceso fue una intoxicación aguda combinada de cocaína y etanol.
Durante la investigación, la policía descubrió una pequeña bolsa de plástico en la casa que contenía una sustancia blanca en polvo, la cual también dio positivo a dicha droga.
Luján fue arrestado por cargos de asesinato en primer grado relacionados con el suministro de cocaína y posesión de esta sustancia. A partir del miércoles por la tarde, Luján permanecía detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight.
En Florida, el homicidio en primer grado es un delito capital que se castiga con la pena de muerte o cadena perpetua sin libertad condicional. Este cargo se aplica a los asesinatos premeditados y es el más grave en este territorio al sur de Estados Unidos.
Una condena por posesión de cocaína puede conllevar hasta cinco años de prisión o libertad condicional por el mismo periodo. Durante la libertad condicional, el condenado debe cumplir con requisitos como presentarse ante un oficial y asistir a reuniones periódicas. El incumplimiento podría llevar a la revocación de la libertad condicional y el encarcelamiento.
Además de la posible prisión o libertad condicional, una condena por posesión de cocaína puede acarrear una multa de hasta 5.000 dólares, sin contar los costos judiciales adicionales.
